Lista de llamadas

Como parte de la persecución institucional del terrorismo y del delito organizado, los ministerios de Justicia e Interior preparan una norma legal, concretamente una ley de conservación de datos de comunicaciones electrónicas y redes de comunicación, que obligará a las compañías telefónicas a guardar los datos de comunicaciones de sus clientes durante un año -que se podrá extender a dos años en casos excepcionales- y a las tiendas que venden tarjetas telefónicas a identificar a los compradores, para aclarar ese agujero negro de más de 16 millones de teléfonos móviles anónimos. La referencia obligada que explica esta preocupación del Gobierno es el atentado del 11 de marzo de 2004, cuya investigación policial se benefició considerablemente de la información disponible sobre los teléfonos celulares de los terroristas. Desde ese punto de vista, disponer de un instrumento legal que facilite la investigación policial en casos de extrema complejidad técnica y política es un avance considerable.

El capítulo de reticencias empieza con las posibles consideraciones sobre los derechos ciudadanos y las garantías jurídicas deseables. En principio, la información conocida y almacenada que se exigirá a las empresas excluye el contenido de las conversaciones, como es lógico, y sólo se refiere a datos como origen y destino de la llamada y duración de la misma. Difícilmente podría plantearse una objeción ética, salvo que se vulnere la exigencia de confidencialidad del contenido, en cuyo caso estaríamos en otro supuesto.

El segundo problema atañe al coste. Como suele suceder en todos los casos en los que se propone la colaboración de empresas privadas con instituciones públicas -la persecución del blanqueo de dinero, que obliga a los bancos a pedir y guardar información, es un buen ejemplo-, el motivo principal de negociación es quién y cómo se paga el coste de obtener y almacenar los millones de datos requeridos. Las empresas telefónicas calculan en 20 millones de euros el coste de la nueva ley. Pero no tendría sentido alguno que el coste de operación se convirtiera en un obstáculo insalvable.