Oropesa aplaza la legalización de las pistas deportivas de Marina d'Or

El Ayuntamiento de Oropesa, gobernado por el PP, ha dado marcha atrás en su intención de iniciar los trámites para legalizar unas pistas deportivas construidas por el grupo Marina d'Or sobre suelo público hace, aproximadamente, cinco años. Así ha decidido no incluir en el orden del día del pleno que se celebra hoy el inicio de la fase de exposición pública del estudio de viabilidad. El propio grupo lo presentó con la intención de legalizar y modificar la infraestructura que explota desde su inicio y por la que no paga ningún canon al Ayuntamiento, pese a que fueron levantadas sobre un suelo calificado como dotacional público. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento oropesino, Tomás Fabregat, quien la pasada semana justificó la iniciativa popular, no quiso exponer los argumentos por lo que que el equipo de gobierno ha decidido no llevar la propuesta al pleno. Este diario trató ayer, sin éxito, conocer la argumentación del alcalde del municipio, Rafael Albert, y el porqué de la decisión de dar marcha atrás a los trámites de legalización del complejo deportivo.

Por su parte, el concejal del Bloc, Josep Lluis Romero, quien denunció "el despropósito del Ayuntamiento y la farsa con el fin de legalizar una situación irregular de un suelo municipal ocupado ilegalmente", presentará ante el pleno una moción con el objetivo de forzar el posicionamiento no sólo del PP sino también de los otros grupos que conforman la corporación, los independientes del GIO y el edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes. Así, Romero reclamará la necesidad de recuperar las pistas, ya que se trata de una infraestructura "que es del Ayuntamiento". Las obras de las mismas fueron legalizadas por la anterior corporación pero no ha sido hasta ahora cuando el PP, a iniciativa del propio grupo Marina d'Or, ha optado por legalizar la situación que sí posibilitaría el cobro de un canon por la ocupación y explotación del suelo.

En cualquier caso, Josep Lluís Romero recordará que la ocupación de suelo público "es delito", aunque la propuesta aprobada por el PP en la comisión previa al pleno contara con los informes favorables de los técnicos municipales. En este sentido, el edil del Bloc manifestó su interés en que se depuren también responsabilidades sobre los funcionarios que han informado favorablemente sobre la ocupación de un terreno público.

Suelo público

El estudio de viabilidad presentado por la empresa mantenía que la elección de la parcela para la construcción de pistas de tenis y pádel, así como varios establecimientos de restauración, se consideraba "idónea" para la instalación. Los terrenos ocupan una manzana de suelo público con una superficie total de 9.756 metros cuadrados, de los que cerca de 3.000 se reservan para elemento de uso terciario auxiliares. Además, el informe sostiene que "durante la fase de construcción, el proyecto contribuirá a generar un importante número de puestos de trabajo relacionados con el sector de la construcción", cuando la mayor parte de las instalaciones ya están construidas.