La justicia sólo ha dictado diez sentencias firmes contra licencias urbanísticas de Marbella

Sólo diez licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Marbella han sido declaradas nulas por sentencias judiciales firmes. Esta cifra contrasta con los 391 recursos contenciosos-administrativos presentados por la Junta para impugnar licencias concedidas por las anteriores corporaciones municipales. Mientras, la comisión gestora llevará al próximo pleno la retirada de más de medio centenar de recursos de casación puestos por estas corporaciones ante el Tribunal Supremo contra las sentencias anulatorias de licencias de obra. Además, la gestora retirará al Ayuntamiento de más de un centenar de litigios sobre licencias impugnadas en los tribunales.

Los jueces han dictado 27 sentencias por los 391 contenciosos administrativos puestos desde 1995 por la Consejería de Obras Públicas por licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, pero sólo diez son firmes. Estas sentencias no son recurribles y han declarado ilegales las licencias concedidas. Sólo en una de ellas el recurso interpuesto por la Junta fue desestimado "por extemporáneo", según aclaró la Consejería de Obras Públicas en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por IU.

Las otras 16 sentencias aún son susceptibles de recurso ante el Supremo por parte de la promotora afectada. Pero además de las numerosas impugnaciones por parte de la Junta, hay muchas otras realizadas por organizaciones políticas, sociales, y particulares contra las licencias concedidas por el consistorio marbellí en los últimos 15 años.

"Aunque representen una mínima parte, las sentencias avalan la posición firme de la Junta como parte demandante, y es un respaldo a nuestras tesis", afirmó ayer el director de la Oficina del Plan General de Marbella y anterior delegado de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano.

Entre las sentencias firmes, destaca la anulación de la licencia de obras concedida a la promotora Marin-Hillinger para la construcción de 163 viviendas en la playa del Duque en Puerto Banús, y la de una promoción para seis viviendas de lujo en la céntrica calle Huerta Belón, construidas por la promotora Moansa en zona verde.

En este último caso, la comisión gestora decidió abrir el pasado julio el primer expediente urbanístico de ejecución de sentencia y para el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada.

Expedientes de ejecución

Esta brecha abierta en el caso de la promotora Moansa está previsto que se repita con las otras nueve licencias firmes. A partir de ahora, la gestora abrirá expedientes para ejecutar las sentencias, y recomendará si es procedente la compensación económica por parte de la promotora o la demolición de las viviendas ya edificadas, decisión que en última instancia determinará el juez. La gestora no deberá intervenir en todos los casos, ya que en ciertas promociones ni siquiera llegaron a edificarse las viviendas.

Al mismo tiempo que se inicia el expediente para ejecutar la sentencia, la gestora abrirá el expediente de disciplina urbanística para que los políticos y técnicos municipales responsables que aprobaron o informaron favorablemente sobre la licencia de obras ilegal, puedan responder al daño causado.

Mientras, la gestora llevará al próximo pleno la retirada de más de medio centenar de recursos de casación puestos por las anteriores corporaciones ante el Supremo contra las sentencias anulatorias de licencias de obra. Asimismo, la gestora aprobará la retirada del Ayuntamiento en más de un centenar de procesos contencioso administrativo en fase de primera instancia o de apelación, sobre licencias impugnadas en los tribunales, la inmensa mayoría por parte de la Junta. "Mantener abierta la controversia judicial sería artificial, porque sabemos que no prosperarán", declaró ayer el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte.

La iniciativa del próximo pleno se repetirá en los meses sucesivos, ya que Duarte estima que existen unos 800 contenciosos administrativos contra decisiones del Ayuntamiento de Marbella de toda índole, no sólo urbanística, y según una estimación de los servicios jurídicos, en el 80% de los casos el consistorio no tiene posibilidad de ganarlos. Además de no prosperar, estos casos podrían suponer la condena en costas contra el Ayuntamiento.