La alarma terrorista pasa factura

La aerolínea de bajo coste Ryanair pidió el pasado viernes al Gobierno británico tres millones de libras (alrededor de 4,4 millones de euros) como compensación por las pérdidas generadas debido a la alerta terrorista que colapsó el 10 de agosto los aeropuertos británicos. Aunque, obviamente, no es la única afectada, es de las pocas que ha cuantificado el coste que supone incrementar las medidas de seguridad aérea que, aunque rebajadas, aún se mantienen.

La línea aérea British Airways, que opera el 40% de los vuelos del aeropuerto de Heathrow (Londres) -el de mayor tráfico aéreo de Europa, con casi 70 millones de pasajeros al año- y el gestor de éste, BAA, propiedad del grupo español Ferrovial, suman millones de euros más a esa factura: 50 millones de libras (74 millones de euros) y 14 millones de libras (20,6 millones), respectivamente, según distintas fuentes.

Dos semanas después del incidente, los aeropuertos afectados operan prácticamente con normalidad y el impacto en los mercados bursátiles se ha diluido. Si el primer día tras la alerta terrorista las acciones de líneas aéreas, mayoristas de viajes y cadenas hoteleras cayeron de forma significativa, el pasado viernes, la gran mayoría de ellas se había recuperado.

Los costes derivados, sobre todo, de la cancelación de miles de vuelos y de la contratación de más personal para hacer frente al caos aeroportuario son cuantiosos, y se suman a una factura que no deja de crecer desde los atentados del 11-S, hace ya casi cinco años. Y que afecta de forma muy diferente a cada empresa. Mientras que la regulación británica protege a BAA, ya que reduce el impacto de los nuevos costes de seguridad al 25% del total, aseguran los analistas, las compañías, que han vivido años durísimos desde 2001, carecen de colchón.

Por eso se han apresurado a pedir responsabilidades, compensaciones y un cambio en la propiedad de los aeropuertos británicos: BAA gestiona siete aeródromos en el Reino Unido.

Con el debate en pleno apogeo, el 11-S puede servir de ejemplo: los mayores costes en materia de seguridad en Europa, que en el año 2002 superaron los 2.000 millones de euros, se sufragaron por cuatro vías fundamentales: tasas de seguridad sobre el precio del billete, recargo en las tarifas aeroportuarias y en cada pasaje, y ayudas públicas.