Un dictamen concluye que Alperi benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabassa

Los cambios introducidos en el plan Rabassa por el Ayuntamiento de Alicante, presidido por Luis Díaz Alperi, del PP, provocaron un "importante" aumento de las expectativas de negocio de la adjudicataria, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, del promotor Enrique Ortiz, al incrementar un 28,60% el coste de la urbanización, según concluye un dictamen elaborado por un urbanista para el PSPV. Los socialistas esperan la decisión final de la Consejería de Territorio y Vivienda sobre el programa para decidir qué iniciativas adoptan al respecto.

El plan Rabassa es la iniciativa urbanística más ambiciosa de la historia de Alicante y prevé levantar 15.000 viviendas [de las cuales 8.000 serán de protección oficial] sobre una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados en el humedal del mismo nombre, al norte de la periferia de la capital alicantina.

"La mercantil seleccionada [la firma Viviendas Sociales del Mediterráneo SL] ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia, lo cual además le permite optar a un negocio añadido de adquisición de suelo, de dudosa legalidad, en la que el propio Ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre, y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor", recoge el dictamen. El estudio precisa que en este último tipo de suelo el promotor Ortiz puede obtener con un porcentaje de permuta del 53% suelo destinado a renta libre a precio de suelo para viviendas de protección pública.

El urbanista subraya que, de acuerdo con el principio de pública competencia y el artículo 47 de la LRAU (normativa urbanística de la Comunidad Valenciana ya extinta, pero según la cual se ha tramitado todo el proceso de aprobación del PAI por parte del Consistorio) las modificaciones efectuadas por el Ayuntamiento hacen "irreconocible" la propuesta original hasta el extremo que afecta a la oferta jurídico-económica, que se incrementa en casi un 30% respecto al presupuesto inicial del coste de la urbanización, que pasó de 149,1 millones de euros a 187,3 tras las modificaciones. Además, destaca que al fijar un único coeficiente de retribución, pese a la existencia de varios tipos de suelo (protegido, renta libre y terciario) ha propiciado un negocio alternativo con la adquisición de suelo de renta libre. "Ante estas circunstancias tan graves el programa está viciado de anulabilidad, por existir indicios evidentes de fraude de ley", concluye el dictamen. Para el urbanista, el Ayuntamiento debió acordar la gestión directa del programa urbanístico o bien permitir la libre concurrencia en igualdad de condiciones.

El Ayuntamiento de Alicante introdujo las modificaciones a la oferta seleccionada, la de Ortiz, la más interesante a juicio de los técnicos del Departamento Técnico de Gestión y del Servicio de Gestión del Planeamiento, acogiéndose al artículo 47.1 de la extinta LRAU. No obstante, informes de otros departamentos del negocio de urbanismo advertían la falta de rigor y deficiencias de las tres alternativas presentadas y alertaban de que, de incluir los cambios propuestos, se producirían modificaciones económicas "sustanciales".

Urbanismo a la carta

Eugenio Burriel, secretario de Política de Territorio y Vivienda de la Ejecutiva nacional del PSPV, asegura que el plan Rabassa es un calco de la adjudicación de los aparcamientos subterráneos también al empresario Ortiz [la Fiscalía Anticorrupción ha llevado al juzgado la modificación del contrato por considerar que hubo trato de favor al empresario y ha denunciado al alcalde, Luis Díaz Alperi, la concejal de Urbanismo, el edil de Tráfico, un técnico municipal y al promotor por cinco delitos, entre ellos, prevaricación y tráfico de influencias]. "Ambos casos son un ejemplo de cómo el PP gestiona el territorio, un urbanismo a la carta, en beneficio del interés de unos pocos", precisa Burriel.

Para el dirigente socialista, el plan Rabassa, además, corrobora la inconsistencia y nula credibilidad de la oferta de un pacto por el desarrollo urbanístico que recientemente ha lanzado el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, a la oposición y a los colectivos ecologistas. "No hace falta ningún pacto, sino simplemente cumplir la ley y que rechace el plan Rabassa, que no sólo es desproporcionado e irracional desde el punto de vista urbanístico, sino que, como cada vez queda más patente, incumple la legalidad", asevera.