¿Cuántos son?
Han aparecido recientemente los primeros resultados que acercan las cifras del padrón municipal a la realidad demográfica de España gracias a la aplicación de un precepto de la Ley de Extranjería de 2003 adoptado por acuerdo casi unánime (la ley fue elaborada por el Gobierno del PP y consensuada con la entonces oposición). Con ello se perfecciona el uso estadístico del padrón continuo, un instrumento que va camino de situar a España entre los países con mejor información demográfica.
El INE dio cuenta el martes pasado de la no renovación de 492.000 extranjeros no comunitarios que, llevando más de dos años inscritos, no cumplieron con el requisito de renovar esta inscripción, en la primera ocasión en que lo exigía el citado precepto legal. Estas personas, que figuraban en el padrón, no respondieron a múltiples requerimientos para que ratificaran su presencia y es razonable pensar que, simplemente, no se encuentran en España. No resulta muy difícil para un extranjero empadronarse sin vivir realmente aquí. Aprovechar un viaje, aunque sea corto, y el domicilio de familiares o amigos para darse de alta en el padrón permite dejar abierta la posibilidad, si más adelante se quiere emigrar a España, de justificar una antigüedad ficticia. Pero, sobre todo, un extranjero que, habiendo residido en España durante un tiempo, decide marcharse a otro país o volver al suyo, no tiene ningún interés en darse de baja en el padrón. No obtiene con ello ningún beneficio y, al omitir el trámite, deja abierta la posibilidad de volver un día sin haber dejado de estar empadronado, con las ventajas que esto le puede reportar.
Un número considerable de extranjeros empadronados no vive en realidad en España
A la cifra de casi 500.000 eliminados ahora del padrón, hay que añadir unas 200.000 bajas constatadas en esta operación de comprobación, que serán contabilizadas en 2006, lo que, en total, supone un 39% de los que tenían obligación de renovar su inscripción. A pesar de lo abultada que parece, la cifra de los eliminados subestima, sin duda considerablemente, el número actual de extranjeros empadronados no presentes. En primer lugar, porque nada impide que la misma picaresca funcione para la renovación; es un engorro y un gasto al que menos gente recurrirá si debe hacerse cada dos años, pero todo depende del precio que se otorgue a figurar como empadronado. Tampoco afecta esta medida a los nacionales de los países de la UE, que forman todavía una fracción sustancial de la población extranjera en nuestro país (916.000 a 1 de enero de 2006). Muchos de ellos no pasan aquí todo el año y es de suponer que algunos se han marchado sin darse de baja. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que la caducidad de la inscripción no se aplica todavía a los que han llegado con posterioridad a diciembre de 2003, lo que representa aproximadamente 1,3 millones de personas a fecha de uno de enero de 2006, que deberán renovar su inscripción a lo largo de 2006 y 2007. A sensu contrario, podría aducirse que algunas personas han sido dadas de baja indebidamente, porque no todas las que tenían que renovar su inscripción se han enterado a tiempo. Esto es posible que haya sucedido en algunos casos, pero es improbable a gran escala, puesto que se han cursado varias notificaciones sin respuesta, a lo largo de unos seis meses. Algunos extranjeros se han podido trasladar a otro lugar de España sin haber modificado su empadronamiento, pero los que cambian de domicilio, sobre todo si es para afincarse en otro municipio de España, suelen empadronarse en el nuevo, por ser algo cada vez más necesario y útil para la propia persona. El supuesto de que alguien esté empadronado en dos municipios a la vez resulta cada vez más improbable, porque la capacidad técnica del INE para detectar duplicidades es ahora muy elevada. De todas maneras, si se da el caso, una de las dos inscripciones debe ser eliminada del padrón.
La conclusión es que un número considerable de extranjeros empadronados no vive en realidad en España, y de ello se deriva que el número de inmigrantes irregulares no puede alcanzar los niveles que se están actualmente manejando (entre 700.000 y 1,6 millones). No hay duda de que los sin papeles existen, aquí como en otros países de fuerte inmigración, pero lo que pudo ser en otros tiempos un problema preocupante, podría no tener hoy ninguna relevancia estadística. La diferencia actual no explicada entre el fichero de permisos de residencia y el padrón, del orden de los 700.000, se reduce considerablemente si se tienen en cuenta las 200.000 bajas constatadas sin contabilizar y la proporción de extranjeros llegados en estos dos últimos años que han podido salir de España sin darse de baja en el padrón, y que previsiblemente no renovarán su inscripción, a lo que habría que añadir los comunitarios que siguen dados de alta sin estar en España, cuyo número es muy difícil de determinar.
No deja de ser una paradoja que sea en el momento preciso en que se empiezan a recoger los frutos de una medida acertada para poner orden en las cifras de población, cuando renace la polémica sobre el excesivo número de irregulares. En realidad, los datos que acaba de difundir el INE demuestran que buena parte de la diferencia entre las cifras del padrón y la de extranjeros con permiso de residencia puede reflejar simplemente la mayor facilidad que existía hasta ahora para mantenerse empadronado sin vivir realmente en España.
Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo, es director del Instituto de Estadística de Andalucía.
