IU acusa al Gobierno andaluz de "dejación" en Marbella pese a conocer las irregularidades

La portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, acusó ayer al Gobierno andaluz de no haber frenado la especulación urbanística, "que es el origen de la corrupción", pese a conocer de "primera mano lo que estaba sucediendo en el municipio malagueño de Marbella".

Caballero aseguró que las irregulares detectadas en el Ayuntamiento Marbella, que ha llevado a la cárcel a varios concejales, ponen de manifiesto que ha habido "dejación" por parte del Ejecutivo andaluz. "Desde hace mucho tiempo ha habido mucha comprensión social y política de la especulación urbanística", lamentó la portavoz parlamentaria de IU, que aseguró que las instituciones y la Junta veían "estupendamente que se hicieran miles de viviendas y se recalificaran millones de metros cuadrados".

"La Junta tenía que haber actuado, pues lo conocía de primera mano, y sin embargo, no ha hecho nada", resaltó Caballero, quien advirtió de que la situación creada en Marbella se puede repetir en otras zonas de Andalucía "si la Junta sigue sin hacer nada por ir contra la especulación urbanística".

En concreto, la portavoz de IU señaló el Aljarafe sevillano como un ejemplo de lo que se puede convertir en "una Marbella multiplicado por cuatro", y "sin embargo, pese a conocerse no se está haciendo nada porque para la Junta nunca ha sido una prioridad ir contra la especulación urbanística". "El Gobierno andaluz ha jaleado en muchos casos la política expansiva", lamentó Caballero, que advirtió de que hace falta una nueva legislación y utilizar la existente para que los poderes públicos se doten "de mayores mecanismos para prevenir la especulación urbanística".

Ante esta situación, Caballero explicó que su grupo parlamentario trabaja para presentar diferentes propuestas que puedan servir para frenar la especulación urbanística. Entre otras medidas, Izquierda Unida apunta la necesidad de advertir a los ayuntamientos de que el suelo público debe ser de uso público, así como que el suelo privado debe tener presente un uso social.