Una verdad sepultada hace 67 años

Joan Garrido, natural de Olesa de Montserrat y militante de la CNT, tenía 45 años cuando en febrero de 1939 iba a ser fusilado por un pelotón de soldados franquistas en el cementerio viejo del cercano municipio de Abrera, junto a una decena de vecinos suyos. El disparo le atravesó la cara pero sobrevivió y, como pudo, escapó campo través hasta que llegó a casa para que le curaran. Ya en Olesa, exhausto, encontró a dos hombres que se volcaron en ayudarle. Uno era Enric Cortell, regidor del Ayuntamiento de Abrera por la CNT, de 43 años.

Alguien, quizá el médico, se chivó a los nacionales. Los franquistas se lo llevaron para interrogarlo, para que delatara a los compañeros a cambio de salvar la vida. Era mentira. Enric y el otro hombre, Isidre Galceran, un miliciano de 44 años, corrieron el mismo destino que él. Los fusilaron en el cementerio viejo de Olesa. Sus familias nunca fueron informadas. Se abrió un silencio que duró 65 años, hasta que sus descendientes pidieron la exhumación a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El hijo de Enric, Ramón Cortell, y el nieto de Joan, Antonio Garrido, cuentan que los vecinos de Olesa callaron durante años "por miedo". El silencio se rompió hace unos tres años, cuando un testigo dio pistas sobre la localización de los fusilados. Como Ramón Solsona, el camillero que los acompañó a encontrar la muerte aquella noche. O incluso antes, en 1979, Manuel Prado, un gallego de las tropas franquistas, pedía perdón en el diario La Humanitat a "los familiares de todos los infelices fusilados por su ideal" en Olesa. Prado contaba cómo él mismo enterró, en el cementerio viejo, al que fue ajusticiado por segunda vez junto "con los dos que le habían recogido herido". "Fue aquel un caso que marcó profundamente mi vida", concluía el joven soldado. Con las pistas y otros testimonios, la ARMH que coordina Manuel Perona firmó un convenio con el Ayuntamiento de Olesa por el cual, aprovechando la clausura del cementerio viejo, se daba luz verde en 2004 a la excavación de la fosa donde además de Enric, Joan e Isidre, que yacen otras 12 personas, víctimas de la represión franquista.

Un equipo de arqueólogos, historiadores y médicos forenses de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la ONU se encargaron de ejecutar la exhumación, que duró dos semanas. Durante aquellos días de ansiosa expectación, se encontraron muchos cuerpos, pero no los de Enric y Joan. Se acabó el tiempo, se agotó la subvención y la esperanza de Antonio y de Ramón se diluyó. Desde entonces, ambos han estrechado el cerco y han llegado a la conclusión de que sus antepasados podrían descansar bajo la isla de nichos.