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La Junta cree "aberrante" la recalificación de la zona verde propiedad de Aifos en Málaga

El delegado de Medio Ambiente exige que el Consejo Consultivo apruebe el cambio de uso

Fernando J. Pérez

La recalificación como urbanizable de una zona verde propiedad, entre otros, de la promotora Aifos en el monte Gibralfaro de Málaga, prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), resulta "aberrante" para el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Ignacio Trillo. El delegado recordó que el cambio de uso de la parcela debe contar con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía. El avance del PGOU malagueño, aprobado con los votos de la mayoría absoluta del PP el pasado 26 de julio, permitirá construir en la parcela, de 17.577 metros cuadrados y calificada en el plan urbanístico vigente como sistema local de espacios libres, un total de 22 chalets.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantiene que la recalificación como residencial es "lo mejor para el interés general", ya que para obtener la finca como espacio verde es obligatorio compensar a sus dueños con el valor del suelo como si fuera urbanizable a precios de mercado. El regidor malagueño argumentó, además, que el hecho de que la parcela esté en una zona muy empinada y de difícil acceso hará que poca gente pudiera disfrutarla como espacio verde.

La compensación a los dueños por la expropiación de la parcela supondría un "descalabro" para las arcas municipales, según el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, ya que el monte Gibralfaro es uno de los suelos más preciados de la capital malagueña. Con la recalificación Aifos -cuyo presidente y otros tres directivos están imputados en la operación Malaya contra la corrupción en Marbella- podría edificar 15 chalets de vivienda libre de 220 metros cuadrados y 15 viviendas protegidas de 94 metros cuadrados cada una. El precio medio del metro cuadrado construido en el litoral este de Málaga, donde se enclava Gibralfaro, es de 4.131 euros, según la consultora inmobiliaria Salvago. Aifos, no obstante, ha recurrido la recalificación al entender que no le conviene e insiste en que se le expropie y se le compense por ello, como prevé la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Trillo invoca este mismo texto legal para exigir que el Consejo Consultivo se pronuncie sobre la validez de la recalificación. El artículo 36 de la LOUA establece que "las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía".

Para el delegado de Medio Ambiente, con la recalificación de la parcela, el alcalde de Málaga "prostituye el concepto de interés general" y se sitúa "al servicio de los intereses privados" con el "más absoluto de los oscurantismos". Al margen de consideraciones morales, Trillo recuerda la falta de zonas verdes en la ciudad -menos de cinco metros cuadrados por habitante cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recomiendan entre 10 y 15 metros cuadrados- y la escasa seguridad y limpieza en los parques de la urbe malagueña.

Ignacio Trillo no es el único que ha criticado el cambio de uso a que se ha sometido a la parcela del monte Gibralfaro. En unos términos igualmente duros, el presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, calificó de "barbaridad" decir que se puede construir en una zona verde por el hecho de que no es accesible, como sostiene el regidor. Según este urbanista, estos espacios libres "deberían estar sellados" y su recalificación persigue "beneficiar a inversores privados en los espacios de máximo interés especulativo".

Hernandez Pézzi señala que la especulación se puede producir en dos momentos. El primero es cuando el área libre de edificación se convierte en urbanizable y el segundo cuando la reserva de suelo para vivienda protegida se traslada a otra parcela y se gana el espacio para la venta de vivienda libre. Para el arquitecto la recalificación de esta zona verde es "escandalosa".

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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