El Gobierno promueve que los extranjeros 'con papeles' puedan votar en las municipales

El Gobierno ha decidido impulsar los convenios internacionales necesarios para que los extranjeros con permiso de residencia puedan votar en las municipales de 2007. La medida podría afectar a dos millones de inmigrantes no comunitarios que viven y trabajan en España. Con algunos países, como Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia, sólo habría que desarrollar acuerdos ya firmados para garantizar la reciprocidad que exige la Constitución. El PSOE e IU-ICV presentarán hoy una proposición no de ley que cuenta con el visto bueno del jefe del Ejecutivo y marca su voluntad política.

El voto de los inmigrantes será una de las claves de las municipales, y los partidos se han lanzado a buscarlo. El más jugoso es el de los que han obtenido en los últimos años la nacionalidad española (más de 200.000), que ya pueden votar, o el de ciudadanos de los 10 nuevos miembros de la Unión Europea, que votarán por primera vez. Pero aún quedan, según los últimos datos de junio de 2006, 1.958.091 personas que pagan sus impuestos y residen legalmente en España que no pueden votar porque el Gobierno no ha firmado convenios de reciprocidad con sus países de origen. De hecho, sólo se ha suscrito uno con un país no comunitario, Noruega, cuyos ciudadanos residentes en España sí pueden elegir a sus alcaldes.

Nadie se opone a la ampliación de voto de los inmigrantes. De hecho, hasta el propio Mariano Rajoy, líder del PP, la pidió en la última convención de su partido. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, también la reclama insistentemente, a pesar de que en 2004 Ángel Acebes había acusado al PSOE de realizar una regularización extraordinaria de inmigrantes con la única intención de buscar nuevos votantes.

En marzo, todos los grupos del Congreso apoyaron una proposición de IU-ICV, aunque de contenido muy genérico. La que presentan hoy PSOE e IU-ICV, negociada por sus portavoces, Diego López Garrido y Joan Herrera, es mucho más clara, y cuenta con el aval expreso otorgado por José Luis Rodríguez Zapatero al propio López Garrido.

"El Congreso insta al Gobierno a proceder a la negociación y firma de acuerdos o convenios con los países con mayor número de nacionales residentes en España y, especialmente, con aquellos con los que ésta tiene relaciones históricas, políticas y culturales más estrechas, al objeto de que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las elecciones municipales en España con arreglo al artículo 13.2 de la Constitución", que señala: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo, en las elecciones municipales".

La iniciativa contiene otra importante novedad. Dado que es ese artículo el que complica las cosas, se insta al Ejecutivo a "solicitar del Consejo de Estado un informe sobre la aplicación del artículo 13.2 de la Constitución a los efectos de la participación de los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales y, particularmente, sobre la interpretación de los términos criterios de reciprocidad a los que se refiere el precepto citado". Es una manera de buscar mayor flexibilidad en la interpretación de este texto sin tener que modificar la Constitución.

Los autores de la iniciativa señalan ejemplos de imposible reciprocidad en el voto, como, por ejemplo, China, Cuba o personas del África subsahariana. La exposición de motivos recuerda que ya existen Estados fuera del marco de la UE y sin tratado de reciprocidad, como Islandia y Nueva Zelanda, donde los ciudadanos españoles ya pueden votar.

La simple firma de convenios con los tres principales países con extranjeros en España (Marruecos, Ecuador y Colombia), supondría la llegada de más de un millón de nuevos votantes. España, como dice la exposición de motivos, ya ha firmado acuerdos con Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay o Colombia, pero no los ha ratificado. Aún hay tiempo antes de las elecciones de 2007, si el Gobierno cumple este compromiso.