Obras Públicas rectifica tras la intervención de Chaves y hará un decreto del golf en septiembre

Hace una semana, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, declaró que la aprobación reciente de nuevas normas urbanísticas hacía innecesario un decreto para regular el golf. Ayer, la consejera anunció que "en septiembre, habrá un decreto sobre la mesa del presidente de la Junta". Entre ambos mensajes contradictorios, una intensa polémica por lo que parecía una renuncia de la Junta a llevar adelante un proyecto comprometido para esta legislatura. Y la intervención directa del presidente autonómico, Manuel Chaves, quien aseguró el jueves que habrá decreto en otoño.

"El presidente ha zanjado la cuestión y ha fijado una serie de criterios y a partir de éstos habrá un decreto sobre su mesa en septiembre para que sea aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta", afirmó ayer Gutiérrez, quien visitó unas obras en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La consejera negó sentirse desautorizada por el anuncio de Chaves de que se aprobará un decreto autonómico para regular el golf en otoño. "El que manda es el presidente, estamos en un Gobierno y él es el que zanja las cuestiones, a los demás nos corresponde cumplir, colaboraremos con el resto de consejerías para elaborar el decreto", dijo la consejera de Obras Públicas, quien consideró "lógico" que "los temas que interesan a los ciudadanos sean motivo de polémica".

Los criterios a los que aludió ayer Gutiérrez con insistencia son los que estableció el presidente de la Junta el miércoles al confirmar que sí era una "regulación integral" sobre los campos de golf. Chaves, quien confesó a los periodistas que había dedicado dos días a analizar los seis borradores que se habían cruzado las consejería de Medio Ambiente, Turismo y Obras Públicas, recalcó que el objetivo de la nueva norma debe ser evitar que "los campos de golf sirvan de excusa para hacer urbanizaciones".

La nueva norma cumplirá otros criterios, según lo adelantado por Chaves: alentará la construcción de "instalaciones deportivas de primer nivel", alejadas del modelo de campos de golf encajonados por urbanizaciones, "cumplirá la normativa ambiental y tendrá en cuenta la escasez de agua" y deberá "acomodarse al planeamiento urbanístico correspondiente". Chaves confirmaba así su intención, adelantada el martes, de cerrar la polémica y reclamar a las consejerías implicadas que cierren el debate sobre el texto definitivo a la vuelta de vacaciones.

La marea de declaraciones políticas suscitada por las polémicas palabras de la consejera de Obras Públicas ha durado apenas una semana, pero el mar de fondo empezó hace ya meses. La decisión de Gutiérrez de mostrar públicamente sus dudas sobre la necesidad de un decreto para regular el golf no fue gratuita. La titular de Obras Públicas enfatizó entonces que con la aprobación de la Ley de Medidas sobre Vivienda Protegida y Suelo, a finales de 2005, el objetivo básico de su departamento ya estaba cubierto. La nueva norma autonómica establece que las actuaciones de interés público en suelo rústico (vía habitual de los promotores para construir campos de golf con urbanizaciones en zonas no urbanizables) no podrá incluir ningún uso residencial. Es decir, que la construcción de casas alrededor de un campo de golf sólo sería posible en un terreno catalogado como urbanizable. Además, la nueva norma autonómica equipara a las viviendas de segunda residencia con las viviendas habituales en cuanto a la necesidad de equipamientos, servicios e infraestructuras.

Las principales diferencias entre las consejerías implicadas se centran, precisamente, en incluir excepciones a lo que ya establece la norma autonómica. En el último borrador manejado, se prevé la posibilidad de construir entre 300 y 400 plazas hoteleras con un tope máximo de tres plantas o urbanizaciones de baja densidad a una distancia determinada del campo con un máximo de una vivienda por hectárea destinada al golf.

Los borradores del decreto sobre el golf también incluyen la obligatoriedad de regar con agua reciclada o desalada y concretan las cuestiones a tener en cuenta en la evaluación de impacto ambiental. Pero la clave del texto definitivo serán esas excepciones urbanísticas. Las palabras de Chaves anuncian que serán muy limitadas, en sintonía con lo defendido por Obras Públicas, lo que explica la facilidad con la que Gutiérrez ha encajado que el presidente de la Junta le enmendara la plana.