Competencia pide al Gobierno que elimine las barreras a la importación de cemento

El mercado de cemento en España, muy dinámico por el boom inmobiliario, impone barreras a la competencia exterior. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha emitido un informe que destaca esas trabas, tanto a la instalación de empresas extranjeras en España como a la importación de cemento. España es el primer país productor y consumidor de cemento en la Unión Europea, con crecimientos del 7% en los últimos nueve años. Pero el mercado presenta una "estructura oligopolista".

El tribunal cree que relajar esas barreras favorecería a los consumidores. La importación, a su juicio, "no debe desdeñarse como medio de contrarrestar el previsible poder de mercado de las empresas" existentes en España, sólo una docena y con las cuotas de mercado muy concentradas territorialmente. En el noroeste, por ejemplo, Cimpor controla una cuota entre el 40% y el 50%. Algo parecido ocurre en el resto de las zonas.

El tribunal se muestra crítico con la regulación existente, que establece desde 2003 las condiciones técnicas y de suministro del cemento, con obligaciones que juzga excesivas para las empresas. "La intervención regulatoria se convierte así en una barrera a la entrada en un mercado, por lo demás, oligopolístico dominado por empresas en su mayor parte integradas verticalmente", asegura el documento.

En sus conclusiones, el tribunal insta a eliminar esas restricciones a las compras de cemento en el extranjero. "Llama la atención que desde el año 1996 las importaciones representen cada vez un porcentaje menor de la producción de cemento". La situación se ha agravado desde 2002, un año a partir del cual las importaciones españolas de productos en general han crecido vigorosamente.

Expulsión del mercado

Más allá de las importaciones, el informe recuerda cómo la industria ha utilizado todas las armas a su alcance para expulsar del mercado a las empresas extranjeras. El sector utiliza toda su potencia instalada, independientemente de que la demanda baje o suba. Eso resta atractivo a quien pretenda instalarse, pues cuando el precio desciende, el negocio resulta menos rentable. Además, deja poca demanda sin cubrir, por lo que no se requieren nuevos suministradores. El tribunal precisa que durante 1995 y 1996 se expulsó a las empresas turcas de España haciendo uso de toda la capacidad instalada para bajar los precios.

Otro de los elementos perniciosos del mercado español es la estructura del mercado. "La tendencia a la integración vertical de las empresas [...] contribuye a disuadir la entrada de cualquier competidor". También las exigencias medioambientales que impone el Protocolo de Kioto arredran a los competidores, pues requerirá fuertes desembolsos para mejorar la eficiencia energética.