La gestora de Marbella destaca el vuelco en la situación urbanística tras 15 años de gilismo

La ruptura con el pasado siempre es dolorosa. Si la anterior corporación municipal de Marbella ignoró la ley en incontables ocasiones, la comisión gestora la hizo su bandera, y el soberano vuelco político ha borrado en sólo cien días gran parte de la herencia gilista sembrada durante quince años. "Estamos en un Ayuntamiento en ruina. En una situación crítica se pasan penalidades, pero Marbella saldrá delante de la mano del ayuntamiento en 2007 porque tiene recursos suficientes", afirmó ayer esperanzado Diego Martín Reyes, presidente de la gestora.

El urbanismo ha sido el protagonista indiscutible de una película con un patético final rodado en la prisión provincial de Málaga, gracias a un inesperado giro de guión tras la detención de la mayor parte del equipo de gobierno en la operación Malaya. La gestora nació tras el acuerdo de los partidos políticos para idear nuevos diálogos, pero la escritura está siendo más dolorosa de lo previsto. "Hemos abierto un melón aunque no sabemos qué contiene. Por fuera tiene buen olor, pero por dentro las impugnaciones de licencias de obras conllevan una etapa de inquietud", ejemplificó ayer el vicepresidente primero Jorge Chacón. En un tiempo récord la gestora ha decretado 84 órdenes de paralización de obras que han afectado a más de 1.300 viviendas, dos hoteles y una gasolinera.

Las reformas emprendidas en distintas áreas han provocado que una estructura política basada en el clientelismo se tambaleara. En el pleno de ayer, la gestora aprobó el primer expediente de ejecución de una sentencia judicial para restablecer la legalidad urbanística, pero éste será sólo el pistoletazo de salida ya que numerosas sentencias judiciales penden sobre las viviendas ilegales. La ingrata labor de hacer cumplir la ley supone para la gestora acabar con el limbo jurídico en el que hasta ahora se amparaban los empresarios para construir sin respetar el PGOU vigente de 1986.

"Es necesario que los ciudadanos sepan que la basura que hoy recogemos en nuestras calles la arrojaron durante quince años las corporaciones anteriores. Dentro de un año no habremos resuelto todos los problemas, pero los tendremos en vías de solución", avanzó ayer Martín Reyes al hacer balance de los primeros cien días de gobierno. Tras hacer las cuentas, la gestora se topó con una inmensa deuda de más de 500 millones que ha impuesto una severa austeridad que se mantendrá al menos hasta el próximo otoño, cuando se haga efectiva la primera ayuda de 100 millones concedido por la Junta.

Campaña del PP

El Partido Popular anunció ayer que planteará una iniciativa en el Congreso para exigir que el valor de los bienes incautados en la operación Malaya reviertan en el Ayuntamiento. La presidenta del PP marbellí, Ángeles Muñoz, cifró dichos bienes en 3.000 millones de euros y anunció una campaña con el lema "para que nos devuelvan lo nuestro". Chacón puso el dedo en la enésima llaga de la gestora: Las incompatibilidades con las actividades privadas de sus vocales, que originaron la salida de Salvador Guerrero y Luis Cepedano, ambos propuestos por el PP. "Afrontamos una tremenda presión mediática. Fuimos investigados y eso duele porque nuestra trayectoria personal está limpia", defendió.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, calificó ayer la labor de la gestora como "meritoria", y criticó "los intentos" del PP de desestabilizar su gestión al identificarla con el PSOE "simplemente porque su presidente es socialista". Por el contrario, para el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, la comisión gestora no ha servido para llevar "la normalidad" a la ciudad, debido a la "estrategia" del Partido Socialista por impedirlo. Sanz insistió en criticar que el PSOE se negara a la convocatoria de elecciones en Marbella "por intereses partidistas".

La gestora acordó ayer por unanimidad solicitar el expediente de subasta pública del histórico edificio de Radio Nacional de España para estudiar la posible revisión de oficio de la subasta, adjudicada por 17,5 millones al empresario Tomás Olivo, detenido y en libertad bajo fianza por su presunta implicación en la operación Malaya. La intención de la gestora es darle al céntrico edificio un uso sociocultural.