La industria del 'software' centra su lucha antipiratería en las tiendas de informática
La iniciativa española, tras el fracaso de la visión puramente policial, insiste en las pérdidas empresariales y laborales de vender programas legales - El nivel de piratería alcanza en España el 46%, según la BSA
"Durante mucho tiempo hemos tenido una visión de la persecución del delito como aliados de la policía y de los jueces. Pese a ello, seguimos encasillados en unos índices anuales de piratería que nunca bajan del 43% del total de los programas informáticos que están en el mercado, es decir, prácticamente uno de cada dos de los que circulan. En 2005 llegamos al 46%. Son datos aterradores", expone Luis Frutos, presidente del comité español de la Business Software Association (BSA). Los cálculos se realizan con una metodología de la consultora IDC basada en el desfase entre la venta de equipos y la de programas.
"Esto nos hizo ver la necesidad de cambiar de estrategia", prosigue Luis Frutos, "pasando de la agresividad a la sensibilización y a la formación acerca de los beneficios que aporta el software legal, con el foco puesto en las tres millones de pymes que hay en España, y muy fundamentalmente en el canal de distribución, es decir, los 10.000 comercios que venden informática. Los resultados sólo se verán a medio y largo plazo, ya que se trata de un cambio cultural muy profundo, como dejar de lanzar la cabra desde el campanario".
¿Cómo se detecta este fraude masivo? Las alarmas saltan cuando una pyme llama a un fabricante de software empresarial al encontrarse con algún fallo o con la necesidad de una actualización urgente. El pequeño o mediano empresario cae entonces en la cuenta de que no dispone de licencia de uso y de que sus problemas sólo pueden solventarse de forma legal comprando nuevos programas informáticos.
Al consultar con el distribuidor que le vendió los equipos con las aplicaciones fraudulentas incorporadas, éste le hace ver que el precio que le ofertó fue gracias al software pirata. A partir de esta detección, se activan las denuncias.
Otro método, menos habitual, es el del inspector de la industria del software que se hace pasar por cliente en una tienda de la que se sospecha que está brindando programas piratas. Se trata de un delito informático penado con hasta cuatro años de cárcel.
El 41%, da programas ilegales
Para atajar la sangría, la BSA va a poner en marcha dos planes de actuación, apoyados por el Ministerio de Industria. Uno, en estudio, irá dirigido a la concienciación de la sociedad, y otro, ya aprobado, se orientará hacia mayoristas y tiendas del canal de distribución, donde, recuerda Luis Frutos, el 41% proporciona algún programa informático ilegal incorporado en el hardware y el 38% ofrece todo su software pirateado.
Además de la BSA y el ministerio, que aporta más de 200.000 euros, en la campaña también se ha implicado la AETIC, patronal de equipamientos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
La iniciativa, de seis meses de duración, comenzará en septiembre e incluirá la realización de encuentros con tiendas y cadenas de distribución en una docena de capitales españolas. "Queremos enseñarles a cambiar su modelo de negocio. Lo que necesita la industria y la economía española es que los distribuidores ofrezcan valor añadido, que además de vender un producto a una pyme le den servicio posventa y garantías de que al cliente le solucionarán los problemas cuando se produzcan. Sólo así tendrán un comprador satisfecho", argumenta el representante español de la BSA.
En 2005 la industria del software perdió en España 600 millones de euros por los efectos de la piratería, recuerda Luis Frutos. "Cuando nos miramos en los países de nuestro entorno, resulta que estamos 10 puntos por encima de la media de la Europa de los Quince, teniendo en cuenta que los datos no incluyen la última ampliación, y 20 puntos con relación a los países con menos piratería, que son el Reino Unido y los escandinavos, es decir, los que tienen una economía más avanzada y competitiva", subraya.
La BSA también promueve medidas de tipo fiscal, como incorporar una casilla en la declaración del impuesto de sociedades en la que las empresas testifiquen públicamente que sus programas informáticos son legales, como en Italia.
BSA: www.bsa.org
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.