Un componente estratégico

Las administraciones públicas -estatal, autonómicas, locales- tienen que dar respuesta a tres tipos de problemas que plantea la gestión de los recursos hídricos españoles. Deben, por un lado, garantizar el suministro para uso humano y actividades económicas demandantes de agua; ésta ha sido la preocupación predominante durante muchos años y la que nos ha dotado de un impresionante patrimonio de infraestructuras hidráulicas. Pero ni aquella política hidráulica es ya viable económica, ambiental y socialmente ni tan siquiera es necesaria. Asegurar el abastecimiento urbano no plantea dificultad especial, ni aun en las zonas costeras, en las que el verdadero problema es la insostenibilidad del modelo territorial y no la exigencia de agua, siempre atendible en último término con la desalación. En cuanto al regadío, la agricultura continental no padece normalmente falta de agua, sus dificultades son de rentabilidad; es únicamente en las zonas de agricultura mediterránea productiva con mayor escasez hídrica en donde la demanda habrá de resolverse combinando la máxima eficiencia en las técnicas de riego y reutilización, la liberación de recursos que ahora se utilizan para abastecimiento y que -asegurado éste con la desalación- pueden destinarse a la agricultura y una paulatina reconversión sectorial.

Unos 150 millones de personas beben hoy agua desalada en todo el mundo

Las administraciones españolas se enfrentan también a serios problemas de sobreexplotación, contaminación, y degradación ambiental del dominio público hidráulico, que exigen todavía un enorme esfuerzo en depuración, una mayor eficiencia en el uso del agua, la restauración de zonas degradadas o el rechazo de infraestructuras hidráulicas sin viabilidad ambiental.

El tercer gran problema que ha de afrontarse es la gestión de sequías, un fenómeno recurrente del clima español que agrava coyunturalmente todos los anteriores. La estrategia básica es la prevención; y por ello el Plan Hidrológico de 2001 dispuso que en 2003 estuviera elaborando un plan de prevención en cada cuenca que recogiera, entre otras cuestiones, cuándo tienen que declararse las situaciones de sequía, qué recursos hídricos han de reservarse, qué usos deben restringirse, qué infraestructuras han utilizarse en sequía, cómo se debe compensar a los agricultores que ceden el agua para abastecimiento o cómo hay que gestionar los caudales ambientales. Como en 2003 estos planes no estaban elaborados, la sequía actual obligó el año pasado a preparar unos protocolos previos; los planes definitivos se están redactando actualmente y, al menos, nos cogerán prevenidos para la próxima emergencia.

Y vamos ahora con la desalación, que se ha extendido espectacularmente desde que diera sus primeros pasos comerciales en California hace medio siglo, y en España 35 años. Unos 150 millones de personas beben hoy agua desalada en todo el mundo, en España las dos terceras partes de la población canaria y la mitad de la población balear, y cada vez más en el litoral peninsular mediterráneo, donde la utilizarán unos cinco millones de personas cuando, de aquí a un par de años, se pongan en servicio todas las plantas del Programa A.G.U.A. impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta expansión se explica por los avances tecnológicos, que han reducido el consumo de energía que hoy se necesita para desalar un metro cúbico de agua a la cuarta parte del requerido hace tres décadas, y han abaratado a la mitad el coste del metro cúbico producido hace una década. Destacable es asimismo la posición de liderazgo en este sector de las empresas españolas, que están construyendo ahora mismo plantas desalinizadoras en los cinco continentes.

Por todo ello la desalación constituye uno de los componentes más estratégicos de la política del agua que requiere España, y lo es por múltiples razones. En primer lugar, proporciona recursos totalmente garantizados, llueva o no llueva, y por eso es particularmente valiosa para las situaciones de sequía; sólo gracias a las desalinizadoras que están en servicio la gravísima sequía que ya dura dos años no ha exigido restricciones domiciliarias en la Costa del Sol, Murcia o Alicante, y esta seguridad -que aumentará conforme se ejecute el Programa A.G.U.A.- es indispensable para el abastecimiento urbano y el sector turístico. La desalación permite, por otra parte, acabar con la sobreexplotación hídrica que padecen amplias zonas del litoral mediterráneo. Además, frente a la incertidumbre que plantea la evolución futura de la demanda, el carácter modular de la desalación constituye un mecanismo muy flexible para el ajuste de la oferta, y permite dar respuestas rápidas a las desviaciones al alza de la demanda. También deben destacarse los beneficios para la productiva agricultura mediterránea; de una parte porque el empleo de agua desalada en el abastecimiento libera recursos para el regadío, de otra porque la mezcla de agua desalada con aguas superficiales o subterráneas -además de aprovechar aguas salinizadas que de otra forma serían inutilizables- resulta a un coste medio asequible no sólo para la producción de mayor rentabilidad sino también para producciones menos competitivas, y además porque la seguridad del suministro cualquiera que sea la coyuntura meteorológica es un valor inapreciable.

Desde el punto de vista ambiental el balance es favorable frente a otras alternativas de infraestructuras hidráulicas con impactos significativos. Los avances tecnológicos en el vertido y control de la salmuera resultante del tratamiento hacen inocuo el único impacto que podría tener algún efecto sobre el medio marino. Y también son las nuevas tecnologías las que consiguen una eficiencia energética cada vez mayor, y con ella la reducción del consumo eléctrico y de la emisión de gases de efecto invernadero; es más, el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando un programa de energías renovables y ahorro energético que permite explotar todas las desalinizadoras previstas en este momento sin ningún incremento de tales emisiones.

En definitiva, nos encontramos por primera vez en la historia ante una forma de obtener agua que no depende del clima, con un ámbito sectorial y territorial de utilización cada vez mayor, sin impactos ambientales significativos y con una tecnología liderada por empresas españolas, es decir, disponemos de un elemento estratégico para afrontar muchos de los problemas de escasez y sobreexplotación que afectan a la gestión del agua en nuestro país.

Adrián Baltanás es director general de la Sociedad Estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA).