El Constitucional permite a Aguirre seguir proyectando la M-50 y la R-1

El Tribunal Constitucional levantó ayer la suspensión que había dictado en marzo y que obligó al Gobierno regional a paralizar los estudios preliminares para la construcción de la autopista de peaje R-1, entre Alcobendas y El Molar, y el último tramo de la M-50 entre en el noroeste de la región, entre la A-1 y la A-6.

El Gobierno central, del PSOE, y la Comunidad de Madrid, del PP, se disputan las competencias sobre ambas vías. La Comunidad sostiene que, al estar su trazado íntegramente en la región, son de su competencia. El Ministerio de Fomento asegura que la competencia es estatal porque ambos tramos forman parte de la red nacional de carreteras.

Aguirre decidió el año pasado iniciar los trámites preliminares para la construcción de las dos vías. Estos trámites consisten en la consultoría y redacción del anteproyecto. Fomento presentó entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que Aguirre había invadido sus competencias y que el proyecto iba a causar un grave daño ecológico al prever dos túneles de 10 kilómetros de largo bajo el monte protegido de El Pardo.

El Constitucional admitió a trámite el recurso y ordenó en marzo la suspensión de los trámites, pero ahora la ha levantado al considerar que la mera redacción del anteproyecto, mientras no se inicien las obras, no puede causar ningún daño al medio ambiente. Los jueces, sin embargo, no entran en el conflicto de competencias entre ambas administraciones y dejan la puerta abierta a Fomento para que presente nuevos datos que podrían hacer "reconsiderar" el levantamiento de la suspensión si Aguirre decidiera iniciar el proyecto de obras.

El auto del Constitucional no ha hecho que los Gobiernos central y regional acerquen sus posiciones y las dos administraciones alardearon ayer de que la decisión les da la razón. La consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, anunció su intención de seguir adelante con los trámites de construcción, mientras el PSOE de Madrid acusó a Aguirre de "malgastar el dinero de los ciudadanos en estudios inútiles".