El Consultivo vacía de contenido la ley de la Oficina Antifraude

El Consejo Consultivo -órgano jurídico de la Generalitat- asestó ayer el que podría ser el golpe de gracia a Oficina Antifraude del Gobierno catalán. Analizado el proyecto de ley de creación de este órgano de control de la Administración autonómica y local, uno de los principales embleas del Pacto del Tinell, el Consultivo ha hallado siete elementos de inconstitucionalidad. Los juristas consideran fuera de la legalidad que la oficina pueda controlar a los ayuntamientos y creen que la ley invade competencias de la justicia.

El dictamen admite que "la Generalitat puede crear esta oficina". Pero la vacía de buena parte de su contenido al advertir de que su atribución de competencias se ha hecho "de forma muy amplia" y recuerda que "no podrá cumplir las funciones atribuidas por ley a la Intervención General de la Generalitat, al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de Cuentas ni a la autoridad judicial o ministerio fiscal".

El informe, de 129 folios, concluye que la oficina tal como la proyectó el Gobierno catalán "invade" funciones exclusivas que competen a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la propia policía judicial. También pone serios impedimentos a que la oficina pueda fiscalizar la actividad de los ayuntamientos y de la administración local en la forma prevista en el proyecto, por ser demasiado "indeterminada". También es considerado inconstitucional el artículo 12.4 del proyecto, que establecía la obligatoriedad de los responsables públicos de "comunicar inmediatamente" a la oficina "hechos que puedan ser constitutivos de fraude".

El dictamen del Consejo Consultivo supone más un golpe moral que real al Ejecutivo catalán pues el proyecto de ley de creación de la Oficina Antifraude ya no podía ser aprobado esta legislatura por falta de tiempo. Los más de dos años de debate para su redacción estuvieron marcados por serias discrepancias en el seno del Gobierno catalán entre Esquerra Republicana y el PSC, que no veía con buenos ojos la capacidad fiscalizadora de la oficina sobre los ayuntamientos. El dictamen hecho público ayer fue elaborado a petición de todos los partidos menos ERC, que lo consideraba su proyecto estrella para dar transparencia a la Generalitat. Fue precisamente el miembro del Consultivo designado a propuesta de ERC, Jaume Vernet, el único que presentó votos particulares al dictamen.

Pese al varapalo, el republicano Joan Puigcercós aseguró ayer que el Consultivo mantiene "las paredes maestras" del proyecto y, en declaraciones a Ràdio Barcelona, insistió en que su partido volverá a poner la condición de crear la oficina a quien quiera formar gobierno con ERC.