Un atentado con muchos avisos previos

Nunca en la historia criminal del terrorismo en España la policía y los servicios de inteligencia tuvieron tanta información sobre los asesinos antes de que perpetraran un atentado como en el caso de la matanza de los trenes de Madrid. Y, sin embargo, no pudieron evitarlo. Los dirigentes del PP, que gobernaban en España cuando ocurrió el atentado y lo atribuyeron en un primer momento a ETA, han extendido sus sospechas sobre determinados agentes de la policía o de la Guardia Civil para justificar lo ocurrido.

La instrucción judicial sobre la investigación policial no ha podido acreditar en 28 meses de trabajos que en la actuación de los agentes hubiera mala fe o una negligencia voluntaria para facilitar la comisión del atentado. Decenas de policías y guardias civiles han declarado durante este tiempo en la Audiencia Nacional sin que el juez haya apreciado el mínimo atisbo de colaboración de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los autores del atentado.

Aznar: "Quizás el éxito contra ETA nos llevó a bajar la guardia contra el fundamentalismo"

Algunos de los terroristas que organizaron y ejecutaron la matanza de los trenes estaban siendo seguidos por la policía en relación con investigaciones judiciales; algunos confidentes habían informado a la Guardia Civil y la policía sobre tráfico de explosivos en Asturias o sobre planes para atentar en transportes públicos; numerosos informes de los servicios de información alertaban sobre la creciente amenaza del terrorismo islamista sobre España; el Centro Nacional de Inteligencia advirtió de que un terrorista argelino excarcelado y en busca y captura tenía planes asesinos. Pese a todo, el atentado se consumó el 11 de marzo de 2004 y dejó 191 muertos.

La investigación judicial, policial y política de este atentado ha destapado las múltiples deficiencias existentes en España en materia de seguridad del Estado. Los careos celebrados en la Audiencia Nacional entre distintos delincuentes relacionados con la matanza de los trenes; las revelaciones de los cargos policiales y políticos respecto a aspectos fundamentales del atentado; la descoordinación admitida por los principales responsables de policía y Guardia Civil, y el anómalo funcionamiento de la administración de justicia en casos relacionados con terroristas islamistas o el tráfico de explosivos en Asturias se juntaron para que, pese a toda la información atesorada hasta entonces, no fuera posible impedir el atentado del 11 de marzo de 2004.

- Una investigación necesaria que no se hizo. En el país de la Unión Europea más golpeado por el terrorismo, no se analizó una operación policial que destapó el tráfico de explosivos en Asturias. Ocurrió en 2001 cuando la policía desarticuló una red dedicada al narcotráfico y en los registros halló pequeñas cantidades de dinamita Goma 2 ECO y 94 detonadores. En esa red figuraban algunas personas que, tres años después, acabaron facilitando los explosivos necesarios a los terroristas del 11-M. En la instrucción judicial de aquel caso, no se hizo ni una sola diligencia encaminada a conocer la procedencia del explosivo. El Gobierno de entonces, que informó sobre esa operación donde se descubrió la Goma 2 ECO y los detonadores, tampoco ordenó ninguna investigación oficial. El fiscal jefe de Asturias, justificó así lo ocurrido: "Es que aquí los explosivos son una cosa bastante habitual. Aquí hay mucho minero retirado. Y además el explosivo no era mucho. Por eso se dio más importancia a la droga".

- Confidencias inútiles. El delincuente Rafa Zouhier contó a la Guardia Civil que en Asturias se traficaba con explosivos. Los agentes siguieron la pista, pidieron a Zouhier pruebas de lo que decía y, pese a obtenerlas, no remataron la operación. Las confidencias de Zouhier se produjeron antes de que se iniciara la relación del ex minero Emilio Suárez Trashorras con los terroristas que perpetraron el 11-M. Cuando se iniciaron los contactos, Zouhier no contó nada a la Guardia Civil. Hubo más confidencias de otros delincuentes relacionados con la trama de los explosivos pero los agentes encargados de investigarlas no tuvieron éxito. El juez, en sus investigaciones, no ha encontrado ninguna relación de los agentes que fracasaron en su investigación con los terroristas que perpetraron el 11-M.

- Un aviso sin consecuencias. El Centro Nacional de Inteligencia hizo una nota tan sólo unos meses antes del atentado en la que alertaba sobre la peligrosidad de Alekema Lamari, terrorista argelino que había quedado en libertad por un error judicial de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

La orden de busca y captura no tuvo ningún efecto. Lamari envió desde oficinas postales de Madrid giros de 150 euros a terroristas islamistas con los que había compartido actividades en Valencia, y que ahora se encontraban en prisión.

Lamari no pudo ser localizado, ni detenido. Acabó suicidándose junto a otros seis terroristas en un piso de Leganés poco después del atentado, el 3 de abril.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar escribió en un libro tras la derrota elec

toral que sufrió su partido el 14 de marzo: "Para mí, ETA y el terrorismo islámico merecen el mismo rechazo y la misma respuesta. Debo reconocer, sin embargo, que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente hasta el 11 de marzo del alcance de la amenaza del terrorismo islámico. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista. Y quizás hemos inducido a confusión acerca del posible papel que nos corresponde en la lucha contra el terrorismo, como si los españoles hubiéramos aceptado participar en ella a cambio de ayuda en la batalla que estamos llevando a cabo en nuestro territorio".