La justicia recibió 11.000 quejas en 2005, la mayoría por retrasos y mala atención

Los retrasos injustificados y una deficiente atención al ciudadano son los principales motivos de queja de los usuarios de los juzgados y tribunales españoles. La Oficina de Atención al Ciudadano del Poder Judicial recibió durante 2005 algo más de 11.000 reclamaciones de las que un tercio se fundamentaba en dilaciones y un quinto en faltas de respeto de jueces, fiscales y demás personal de los diferentes órganos. Los registros civiles y los juzgados y tribunales del orden penal fueron los que más protestas recibieron, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los ciudadanos que tengan algún tipo de queja sobre el funcionamiento de la Administración de justicia pueden presentar sus reclamaciones a través de los buzones instalados en los juzgados y tribunales y en la Oficina de Atención al Ciudadano del CGPJ, en los decanatos y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia o ante el Servicio de Inspección del Consejo.

La oficina que se encarga de tramitar esos escritos en colaboración con el servicio de planificación y análisis del CGPJ acaban de concluir el informe Reclamaciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante 2005 que trata de identificar los principales defectos del servicio público de la justicia en España.

De las 11.383 quejas presentadas por esas vías el año pasado, el 33% se basaron en retrasos y dilaciones en la tramitación de los asuntos, uno de los males endémicos de esta Administración. La segunda causa de protesta, que motiva un 19,2% de los escritos, se refiere a la falta de "atención respetuosa" de los distintos funcionarios de estos órganos (jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios).

Las demás razones de malestar ciudadano son, a mucha distancia, las deficiencias en las instalaciones de la Administración de justicia (5,4%), la falta de información general o sobre la situación procesal del reclamante (4,7%), el modo de practicar los trámites (4,6%) y la puntualidad de las actuaciones judiciales (3,6%). Casi el 2% protestó por dificultades durante su comparecencia y un 1,4% lo hizo por problemas accesibilidad para los discapacitados.

Para evitar la contaminación de todos esos motivos con las quejas sobre sentencias o autos concretos (que se resuelven mediante recurso), el informe recoge en un apartado las reclamaciones sobre resoluciones judiciales (11,8%).

En cuanto a los órganos contra los que se dirigieron más escritos destacan los registros civiles, con un 33,7%. "Su gestión no difiere de la que se realiza en otras Administraciones públicas, con un elevado número de clientes en los que tiene una incidencia muy notable la atención al ciudadano que se presta", dice el informe para justificar su alta tasa de incidencias.

Les siguen como receptores de quejas los juzgados y tribunales del orden penal (incluidos los de Violencia de Género), con un 27,9%; los civiles (con los de Familia y de lo Mercantil), 16,4% de las quejas; y, a mucha distancia, los de Vigilancia Penitenciaria (3,1%), los de lo Social (2,1%), los de lo Contencioso-Administrativo (1,6%) y los de Menores (0,6%).

Los usuarios de los juzgados y tribunales que más recurrieron a este tipo de protesta fueron los madrileños, con 43 quejas por cada 100.000 habitantes. Les siguieron los canarios, con 29, y los de la Comunidad Valenciana, con 25. Los que menos reclamaron fueron los extremeños (8), los navarros (11) y los aragoneses (11), mientras que la media nacional se situó en 23. Cada órgano judicial español tocó a 2,8 quejas, situándose por encima de esa tasa los de Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

"El objetivo de este trabajo es llegar a un diagnóstico de la justicia", explica Ángeles García, vocal de la minoría progresista encargada de la Oficina de Atención al Ciudadano. "Mediante estos escritos de reclamación podemos conocer mejor en qué fallamos desde el punto de vista del ciudadano", añade.

Las reclamaciones contra jueces se envían al servicio de Inspección del Poder Judicial, las dirigidas a fiscales a la Fiscalía General del Estado, las de los secretarios judiciales al Ministerio de Justicia y las de los funcionarios a las distintas autonomías. Esos órganos comprueban si el reclamado cometió alguna falta disciplinaria.

En España hay 4.413 jueces y magistrados que en 2005 tramitaron 7.728.699 asuntos.