El Gobierno estudia conceder permisos de trabajo a 'sin papeles' hasta su repatriación

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, abrió ayer la puerta a la posible regularización de los 11.000 subsaharianos llegados desde enero a Canarias y que, en su gran mayoría, no han podido ser repatriados. Caldera presidió en Rabat parte de una sesión de la primera conferencia euro-africana sobre inmigración, que concluyó ayer. El ministro se comprometió a estudiar una moción del Senado que insta al Gobierno a conceder a los inmigrantes que no pueden ser expulsados, sobre todo subsaharianos, permisos de residencia y trabajo hasta su repatriación.

Caldera reconoció en una rueda de prensa que los sin papeles que, tras pasar 40 días en un centro de estancia temporal, no han sido repatriados ni expulsados quedan en una situación "indefinida" que no les permite trabajar legalmente. Para resolverlo, afirmó que estudiará "en el futuro" la demanda del Senado para que el Ejecutivo dé permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes hasta su repatriación, y que se inspira en la ley de extranjería.

De los 11.155 inmigrantes que desembarcaron en Canarias desde principios de año, probablemente menos de un 10% podrá ser repatriado durante el periodo autorizado de seis semanas. Si prospera la iniciativa del Senado, la gran mayoría debería obtener permisos extraordinarios de residencia y trabajo.

Si se aplica, la medida corre el riesgo de ser mal recibida por varios Estados de la Unión Europea que el año pasado ya criticaron la regularización extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo en España y que, además, lamentan de la brevedad del plazo de retención de los subsaharianos, comparada con los periodos estipulados en sus países, porque provoca un "efecto llamada". Caldera insistió ayer en que ese plazo es el "correcto" desde un punto de vista humanitario.

Las autoridades españolas confían en ampliar el número de países a los que efectúan repatriaciones aéreas -esta semana se añadirá Malí a Mauritania, Senegal y Guinea-Bissau, según fuentes diplomáticas- y en aumentar su número gracias a una más ágil identificación de los inmigrantes, sobre todo de los que tratan de disimular su nacionalidad o se declaran ciudadanos de países en guerra para no ser devueltos.

Para lograrlo, la delegación española intentó convencer a Mohamed Ibn Chambas, secretario ejecutivo de la Comunidad Económica de África del Oeste (CEAO), de que sea su organización, y no cada país por su cuenta, la que efectúe las tareas de identificación en España. Chambas contestó que debe consultar con los países miembros de su organización.

"El equipo de funcionarios enviado por la CEAO sería multinacional y cada uno podría identificar a sus compatriotas en lugar de que, por ejemplo, los senegaleses descubran a 50 compatriotas en un grupo de 200 y haya que esperar a que lleguen otras delegaciones para determinar de dónde son los otros 150", explica un diplomático.

Los plazos de retención no son las únicas discrepancias sobre inmigración entre España y sus socios europeos, sobre todo los del norte. Alemania, Francia, los Países Bajos y, en menor medida, los países escandinavos, son muy reacios a elaborar una política común o a favorecer la inmigración legal. El sur de Europa (Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) se alinea más bien con la posición española.

Caldera se mostró orgulloso no sólo de la regularización masiva realizada en 2005 sino de que, en función de las necesidades establecidas por los empresarios, España abre sus puertas a los inmigrantes legales de determinados países.

La diplomacia española critica, además, la insuficiencia de los recursos financieros de la UE en política migratoria. Para la llamada crisis de los cayucos ha comprometido tan sólo cinco millones, de los que dos son para toda la frontera exterior. España ha destinado, en cambio, según un cálculo aproximado de la Administración, unos 100 millones de euros en los cinco primeros meses de 2006.

"Es tremendamente difícil exigir obligaciones a los países de origen si los europeos no estamos dispuestos a colaborar con ellos, no necesariamente a cambio de ayuda financiera directa, pero sí con asistencia técnica, en fortalecimiento institucional y equipamientos", afirma un miembro de la delegación española.