14.431 presos cumplen la pena fuera de sus comunidades

La masificación de las cárceles lleva consigo una consecuencia humanitaria, la dispersión obligada en prisiones de autonomías menos masificadas. Los reclusos alejados de su residencia eran 14.431 con datos de noviembre del año pasado, incluyendo Cataluña, que tiene transferida la gestión penitenciaria. El caso es extremo en Andalucía, Comunidad Valenciana, las ciudades autónomas o Murcia, donde hay más murcianos cumpliendo sus penas fuera de la región que dentro. Según datos de junio pasado, en España hay 63.211 presos.

Una vez condenado, el primer criterio para decidir a qué centro penitenciario se envía a una persona es el arraigo. Sin embargo, la realidad de las cárceles españolas hace que en muchos casos este requisito sea imposible de cumplir. Las prisiones deben guardar siempre plazas para presos preventivos, que tienen lo que se podría llamar arraigo judicial. Es decir, deben estar a disposición del juez del lugar donde han cometido el delito.

Por eso se da la situación de que las autonomías tengan presos fuera y presos de fuera ocupando plazas dentro. En caso de no cumplir la pena en su comunidad, se estudia caso por caso las posibilidades de enviarlo a cumplir su pena a una cárcel fuera de su comunidad de residencia causando el mínimo trastorno. Extranjeros y personas sin familia son los primeros en sufrir esta dispersión. Si un preso con arraigo es enviado lejos, "es una pena añadida a la de cárcel", destacan fuentes de Instituciones Penitenciarias. "Se le aleja de su familia, su trabajo si lo tenía, sus amigos, y además dificulta el propósito de la pena, que es la reinserción".

La población reclusa española crece en 100 personas a la semana. España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE. Andalucía, con la mayor población reclusa de España (13.569 reclusos, según datos del mes pasado), también es una de las comunidades que más presos debe enviar fuera. Eran más de 2.000 a finales del año pasado, que suponen el 15% de su población reclusa.

Lejos de casa

En cuanto a porcentajes, más del 40% de los presos de Ceuta, Melilla, Murcia, Valencia y País Vasco están lejos de casa. Valencia destaca en todos los órdenes. Es la comunidad que más reclusos exporta, un 41%, que el año pasado eran 2.790, casi como toda la población reclusa de Canarias.

En el caso del País Vasco la dispersión responde a una decisión política. De hecho, el número de desplazados (821) no es mucho más alto que el número de presos relacionados con terrorismo de ETA (más de 500 a finales del año pasado, de los que 25 estaban en Euskadi).

Pero en el caso de las otras comunidades, la dispersión es igual de dolorosa para los presos, se hace por pura necesidad y además tiene poca solución política a corto plazo. Dos de ellas, Ceuta y Murcia, tienen más reclusos propios fuera de sus fronteras que dentro. Cataluña, que tiene transferidas las competencias en el ámbito penitenciario, tiene, tras Andalucía, la segunda población reclusa más abultada de España, con 8.848 personas. Según datos del Gobierno de Cataluña, en la actualidad hay 1.233 casos de personas que tienen residencia en Cataluña y que cumplen su condena en cárceles de otras comunidades, informa Enric Company.

La solución, si la sociedad no cambia mucho, es construir más prisiones en aquellos sitios con más déficit. Sin embargo, no es fácil encontrar terrenos para un centro penitenciario. El Ministerio del Interior tenía en construcción en 2005 cuatro prisiones: dos en Andalucía, una en Madrid y otra en Castellón. Aparte, la Generalitat catalana está construyendo otras tres.

En Murcia, los sindicatos de prisiones afirmaban el año pasado que el centro de Sangonera estaba sobreutilizado hasta el 264% de su capacidad. Más de 1.200 personas con residencia en Murcia estaban en cárceles del resto de España. Tras estar paradas las negociaciones durante años, finalmente, este año se acordó construir un nuevo centro con 1.008 plazas en el municipio de Campos del Río.

Cuatro comunidades con un alto porcentaje de reclusos fuera de sus prisiones, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, confirman que no tienen ningún tipo de ayudas para que las familias puedan ir a visitarlos. Es la norma general, pero contrasta con el anuncio por parte del lehendakari, Juan José Ibarretxe, el año pasado, de que destinaría 200.000 euros exclusivamente a ayudas para desplazamientos y estancia, si procede, de familias de presos vascos que cumplen sus penas fuera de Euskadi. Ningún preso de ETA cumple pena en una cárcel de Canarias.