López Martos dice que adjudicó la obra del 'caso Ollero' porque Ocisa aplazaba el cobro
El ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos declaró ayer como testigo en el segundo juicio del caso Ollero por el supuesto pago de comisiones en carreteras andaluzas y dijo que la "sobrecarga presupuestaria" de la Junta para la Expo condicionó la adjudicación, ya que le llevó a valorar que Ocisa admitía un aplazamiento de los pagos.
López Martos estuvo imputado en el primer juicio del caso Ollero, celebrado en 1999, pero fue absuelto por la Audiencia de Sevilla y luego por el Tribunal Supremo, de ahí que, en esta segunda vista, tras la anulación de los pinchazos telefónicos, su declaración se haya producido como testigo.
Al igual que en 1999, López Martos dijo que aconsejó al entonces director general de Carreteras, el acusado Manuel Ollero, adjudicar la obra objeto del juicio a la constructora Ocisa e introducir la variable de pago aplazado, pese a que tal condición no aparecía en las bases del concurso y era la primera vez que se aplicaba.
El ex consejero argumentó que los presupuestos de la Junta en 1992 "estaban sobrecargados con obras comprometidas por razones políticas" en vísperas de la Expo 92. De ahí que aconsejase a Ollero adjudicar la carretera Salinas (Málaga)-Pedrizas (Granada) a OCISA "siempre que hiciese la obra en plazo y de la manera más barata posible".
Cuatro acusados
Al introducir esta variable de pago aplazado, la mitad de lo que debía abonar la Junta en 1994 se trasladó a 1995, explicaron los testigos que comparecieron ayer en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra cuatro acusados: Manuel Ollero, su hermano el intermediario Jorge Ollero y el ex presidente y ex director financiero directivos de Ocisa.
El fiscal del caso aprovechó para recordar que la introducción de esta variable supuso elevar el coste total de la obra en 1.803.036 euros (300 millones de pesetas), de los 15.433.990 millones de euros (2.568 millones de pesetas) que ofertó Ocisa a los 17.200.966 millones (2.862 millones de pesetas) en que finalmente se adjudicó.
El funcionario de la Junta A.T.H., que presidió la Comisión Técnica de la obra, declaró también como testigo y dijo que, sin la opción de pago aplazado, "todo hacía pensar que Fomento [de Construcciones y Contratas] iba a ser la adjudicataria". Según este funcionario, la Comisión Técnica empezó su trabajo con 64 ofertas y elaboró un primer cuadro, pero, al conocer las nuevas condiciones, elaboró un nuevo cuadro y una terna en la que Ocisa figuró en primer lugar.
López Martos, por otra parte, declaró que la segunda razón que le llevó a inclinarse por Ocisa era hacer un reparto equitativo de los trabajos de la Junta entre las empresas, siempre que sus ofertas fuesen similares.
