El CSD ejercerá la acusación particular en el proceso por la trama del dopaje

El Consejo Superior de Deportes, a través de la abogacía del Estado, se personará como acusación particular en la Operación Puerto, desarrollada por la Guardia Civil, que ha supuesto el mayor escándalo de dopaje en el deporte español, según anunció ayer el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. "Podemos estar con la cabeza bien alta", afirmó Lissavetzky quien fue felicitado por el director del Tour, Christian Prudhomme, y el ministro francés de Deportes, Jean François Lamour

Lissavetzky recordó que tanto el Tour como el ministerio francés del deporte agradecieron que el CSD hiciera pública la lista de implicados y procediera a comunicarla con celeridad para que la carrera francesa pudiera actuar en consecuencia.

El secretario de Estado señaló que sería bueno "impulsar la relación de la Agencia Mundial Antidopaje con la Interpol" y negó las acusaciones anteriores en cuanto a que España era un paraíso del dopaje: "Aquí se ha dicho que éramos permisivos, cuando hemos retirado la hormona del crecimiento, recibiendo muchas denuncias de empresas farmacéuticas por ello, y eso está en los juzgados".

El secretario de Estado aseguró desconocer si había más deportistas de élite implicados en la Operación Puerto: "No conozco ningún nombre de otros deportistas que puedan estar involucrados, lo cual no significa que no los haya", aseguró.

El CSD ha sido solicitado por la Federación Española de Ciclismo en busca de asesoramiento para estudiar la posibilidad de abrir un expediente sobre el caso. El problema para la federación es su incapacidad para sancionar, llegado el caso, a los ciclistas extranjeros inmersos en el sumario. Una posibilidad sería que la federación española tramitase el expediente a la Unión Ciclista Internacional y fuera esta quien ejecutara el proceso sancionador de los ciclistas extranjeros.

De hecho, la federación tampoco ha decidido el tipo de procedimiento que utilizará para las sanciones deportivas de la Operación Puerto, que bien pudiera tratarse como un macrojuicio con todos los implicados o bien individualizar el proceso en función de los distintos grados de afectación.

Mientras tanto, los ciclistas implicados en el mismo, comienzan su periodo de reflexión tras la larga jornada vivida el viernes en Estrasburgo. Algunos de los afectados incluso estudian la posibilidad de acogerse a las medidas de gracia previstas en la nueva ley española antidopaje, aprobada el jueves en el Congreso, para quienes colaboren con la acción de la justicia. El problema es que sus delitos son anteriores a la aprobación de dicha ley, que no prevé principio de retroactividad.

De entre los afectados por la expulsión del Tour, Iván Basso ha afirmado que no ha huido de Estrasburgo, que le han tratado "como un ladrón", pero que saldrá de esta situación "con la cabeza alta. El equipo me ha suspendido y yo debo hacer lo que me piden. Me han pedido que no hable del caso e irme, como he hecho. Yo no podía actuar por mi cuenta", afirmó Basso en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

Basso, de 28 años, ganador del último Giro de Italia, se quejó de que ningún organismo "de justicia" le ha notificado nada, "ni siquiera la UCI ni la Guardia Civil", por lo que se encuentra en una situación "anómala".

Respecto a que su nombre aparece en el dossier de la investigación española antidopaje, el ciclista dijo que su abogado, Massimo Martelli, "está intentado tener ese dossier, que no se sabe dónde está, para leerlo". No obstante, se muestra seguro de que saldrá sin problemas, "porque soy inocente". Ivan Basso prácticamente se despedía de esta forma de los periodistas (aunque también habló para l cadena de televisión Sky TG24TV) porque "de ahora en adelante hablará mi abogado en mi nombre".