Ocho vocales del Poder Judicial se plantan en la elección de Bermúdez

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (10 vocales de 19) aprobó ayer el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con el plante de los progresistas y el vocal independiente del Consejo, que entendieron que el proceso estaba tan viciado por distintas irregularidades que supondría una burla al Tribunal Supremo.

En una sentencia de 29 de mayo de este año, el Tribunal Supremo había declarado nulo el nombramiento de Gómez Bermúdez para ese puesto que se había aprobado dos años antes en el Poder Judicial. El Supremo atendía así un recurso que presentó el magistrado José Ricardo de Prada y exigía al Consejo del Poder Judicial que reiniciara el proceso y motivará el nombramiento.

La mayoría conservadora reinició el proceso e hizo un informe a través de la Comisión de Calificación donde, para proponer a Gómez Bermúdez, ninguneaba a los otros dos candidatos de la terna, Baltasar Garzón y Félix Alfonso Guevara. En el informe se dedicaban seis folios a glosar las virtudes de Bermúdez (el más joven de los tres en el escalafón judicial), tres párrafos a Garzón cargados de dudas - "Alega que es juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional", señalaba el redactor del informe- y cinco líneas de Guevara.

Irregularidades

El vocal independiente Agustín Azparren puso ayer de manifiesto una nueva irregularidad. Entre los méritos atribuidos a Bermúdez por la mayoría conservadora figuraban muchos conseguidos después de ser nombrado en septiembre de 2004 jefe de lo Penal, cargo que había ocupado irregularmente, según la sentencia del Tribunal Supremo.

Según los progresistas, el Poder Judicial tenía que motivar el nombramiento en base a los méritos de los candidatos en 2004, fecha a la que había que retrotraer todas las actuaciones según la sentencia del Supremo.

Pero la mayoría conservadora optó por "engordar" el listado de méritos de Bermúdez con todo lo que hizo cuando fue nombrado de manera irregular.

Así, la Comisión de Calificación invoca como méritos que Bermúdez ha sido presidente de la Sala de lo Penal desde septiembre de 2004 hasta mayo de 2006 (cuando el Tribunal Supremo revocó su nombramiento). Y siguiendo con los méritos atesorados en ese puesto, clave en la Audiencia Nacional, citan que Bermúdez presidió el tribunal que enjuició el sumario de Al Qaeda.

"Se están invocando méritos que ha conseguido gracias al puesto que ocupó de manera irregular, según el Tribunal Supremo. De todas las ponencias y conferencias, el 80% corresponden al periodo en el que ocupó ilegalmente, según el Supremo, el cargo de jefe de lo Penal", señaló ayer el vocal progresita Juan Carlos Campo.

Además de estas irregularidades, los progresistas también denunciaron que faltaba un informe del Servicio de Inspección sobre el comportamiento del juez propuesto para el cargo y otro informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como necesarios para proceder al nombramiento.

"Es tal el cúmulo de irregularidades que no quisimos participar en una votación que supone una burla de la sentencia del Tribunal Supremo", señaló Blanco para explicar lo ocurrido.

El portavoz del Consejo, Enrique López (propuesto por el PP y perteneciente a la mayoría conservadora), aseguró que los vocales que apoyaron a Gómez Bermúdez lo hicieron por sus méritos y no tuvieron en cuenta los datos aportados con posterioridad a 2004, pese a que engrosaban la mayor parte de los seis folios del currículo de Bermúdez. Javier Laorden, también conservador, tachó de "sorprendente y antidemocrática" la decisión de los progresistas de no votar y les acusó de politizar la votación y de desprestigiar la candidatura de Garzón, informa Europa Press. La polémica parte de 2004.

En julio, el pleno del Consejo designó a Gómez Bermúdez en cuarta votación. El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que actualmente está destinado en servicios especiales ante la Corte Penal Internacional, recurrió al Supremo, que le dio parcialmente la razón y obligó al CGPJ a destituir a Gómez Bermúdez. Este acuerdo del Consejo puede ser recurrido de nuevo ante el Tribunal Supremo.