La batalla por Metrovacesa llega a los tribunales

La batalla por el control de Metrovacesa, la primera inmobiliaria española, está a punto de llegar a los tribunales. La familia Sanahuja, primer accionista con un 24,2%, anunció la intención de impugnar, ante un juzgado mercantil, 4 de los 11 puntos aprobados ayer por la junta de accionistas, pese a su oposición, y gracias al respaldo de la mayoría obtenida por el presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero.

Los Sanahuja pretenden hacerse con otro 20% a través de una oferta pública de adquisición (OPA), a 78,10 euros por título, lanzada en marzo sin el beneplácito de Rivero y otros accionistas, que se han unido para lanzar una contraoferta por el 26% y a 80 euros por título que está pendiente de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El enfrentamiento que mantienen desde hace meses se escenificó ayer en una interminable (duró más de tres horas) y tensa junta en la que intervinieron una veintena de asistentes, unos para elogiar a Rivero y otros para criticarle.

El principal punto de desencuentro fue la petición del consejo de tener permiso para emitir obligaciones por 1.000 millones convertibles o canjeables por acciones de Metrovacesa, sin derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. Otros puntos polémicos fueron la facultad dada al consejo para comprar acciones propias, ampliar capital y realizar otras emisiones de títulos de deuda. Estos promotores catalanes alegan que Metrovacesa no debe comprar más acciones propias hasta no aclarar la gestión de las adquiridas el pasado año, y piden que las ampliaciones y emisiones de bonos aprobadas en junta cuenten con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Los Sanahuja tienen la intención de presentar una demanda ante un juzgado mercantil en la que impugnarán esos puntos aprobados por la junta (en la que estuvo presente o representado un 77,85% del capital social). Fuentes cercanas a Sacresa añadieron que en estos casos el juez puede decidir suspender temporalmente y de forma cautelar las decisiones de la junta que han sido impugnadas hasta que se dicte sentencia, para evitar males mayores. Rivero insistió en que todos los puntos cumplen la legalidad.

En la junta, Rivero evitó hablar de las dos ofertas rivales y repasó la evolución de Metrovacesa el año pasado. También adelantó que el beneficio neto del grupo ascenderá este año a 800 millones, frente a los 700 millones previstos inicialmente.