En el medio de la noche todos los gatos son pardos

El espectro de las diferencias entre la Fiscalía General del Estado y la Policía, a cuenta del atraco a un banco, se adueñó ayer de la junta de fiscales de Madrid.

En esa bola de nieve que son las grandes noticias judiciales de este país, el enfrentamiento entre el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y la Policía, sólo fue advertida e interpretada por un personaje. Su nombre: José Luis Rodríguez Zapatero.

Fue en el Pleno del miércoles, en respuesta a la enésima petición de destitución del fiscal general por parte del líder del PP, Mariano Rajoy. Zapatero recordó que a primeros de 2004 quince delincuentes de bandas rumanas quedaron en libertad tras la decisión del fiscal contraria a solicitar la prisión al juez. Añadió que hubo una reunión entre el delegado del Gobierno en Madrid y el fiscal jefe de Madrid. Allí se acordó un protocolo de actuación. La Policía debía dar previo aviso a la fiscalía de aquellos asuntos relevantes.

Ese protocolo no escrito se ha ido cumpliendo con algunas excepciones. La más flagrante es la referida al citado atraco bancario. La policía impuso la prisión de los delincuentes activando lo que podría llamarse una alarma social, esto es, mediante la filtración de un vídeo a las cadenas de televisión. Un vídeo que se escamoteó previamente en el atestado presentado en el juzgado. Los ciudadanos pudieron ver aquello que la juez y la fiscal de guardia no tuvieron la oportunidad de apreciar.

El fiscal general rectificó -después de conocer los hechos y, claro, la presión policial- la actuación de la fiscal, que no había solicitado prisión ya que la juez se había abstenido de convocar la vista preceptiva para ello. Una vez enviados a prisión los atracadores, el fiscal general denunció los hechos. Y ante esa actitud, la pregunta fue: ¿Qué quiere el fiscal general? ¿Por qué se empeña en reabrir el asunto?

¿Y si hubiera un tema de principios? La opinión biempensante brama: es un asunto puramente mediático, de prestigio del fiscal general.

¿Es aceptable que una vez que el Tribunal Constitucional ha borrado la alarma social como concepto-pretexto para desencadenar medidas judiciales injustificables, la Policía al filtrar el vídeo de los atracadores buscó forzar la actuación de la justicia?

La junta de fiscales de Madrid ha solicitado que el protocolo verbal acordado en febrero de 2004 se ponga por escrito. Una fiscal llamada María José Castro denunció el hecho de que la Policía actuara como lo hizo, pero lo atribuyó a la debilidad del fiscal general. Es curioso saber de quien se trata: la esposa del consejero de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela.