Las diligencias por delitos urbanísticos se multiplican en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla

Las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se multiplicaron en 2005 en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla. Éste es uno de los datos que se desprende del último informe de la Red de Fiscales Medioambientales del TSJA, que ayer se presentó en Granada. Su coordinador, Luis Carlos Rodríguez, aclaró, no obstante, que el aumento de diligencias no implica el incremento de los delitos sino mayor éxito de las investigaciones. El informe advierte del peligro de que Benalmádena (Málaga) se convierta en el "nuevo Marbella" de las prevaricaciones urbanísticas.

La memoria de la Red de Fiscales Medioambientales recoge las diligencias abiertas por delitos contra el patrimonio, contra el medio ambiente (como incendios o vertidos ilegales) y contra la ordenación del territorio. Por su envergadura, son estos últimos los que más preocupan a los responsables de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El fiscal jefe de Alto Tribunal andaluz advirtió ayer en la presentación del informe de que entre los rasgos "muy preocupantes" que presenta este tipo de delincuencia en Andalucía se aprecian situaciones de "criminalidad organizada" que exige perseguir estos delitos "de forma contundente".

A juzgar por los datos de la memoria, es lo que se está haciendo en todas las provincias, lo que ha producido un importante incremento de las diligencias abiertas en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla. Según las cifras recogidas en la memoria, el mayor aumento se registró en Jaén, donde las diligencias abiertas casi se multiplicaron por siete al pasar de 13 en 2004 a 86 en 2005. En Sevilla, casi se triplicaron (36 en 2004 y 100 el año pasado); mientras que en Cádiz pasaron de 73 a 102 y en Málaga, de 32 a 59.

En las otras cuatro provincias, se registraron menos casos que en 2004, aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería advierte de que los procedimientos judiciales en esta materia son "el mayor problema medioambiental" de la provincia y alerta de que ha aumentado "la entidad de lo edificado". "Ya no estamos ante procedimientos por viviendas unifamiliares aisladas, sino ante promociones de urbanizaciones no autorizables realizadas en suelo no urbanizables".

Los fiscales de Málaga y Sevilla muestran especial preocupación por los delitos de prevaricación urbanística por parte de una autoridad o funcionario público que resolvió o votó a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas vigentes "a sabiendas de su injusticia". En Sevilla, dos de cada 10 expedientes abiertos lo son por este delito, mientras que en Málaga éste es el tipo de delito medioambiental más frecuente en los municipios del litoral. Según el informe, estos casos se concentran "fundamentalmente en Marbella", aunque la Fiscalía malagueña avisa de que el Ayuntamiento de Benalmádena "se encuentra en una situación similar" y habrá que prestarle una "atención especial" para "que no se convierta en el nuevo Marbella de las prevaricaciones urbanísticas".

Respecto al caso marbellí, la memoria recuerda que "aun cuando el problema surgió con la anterior corporación", lo cierto es que "no parecen haber cambiado mucho las cosas con la actual". "Se siguen sucediendo denuncias contra el mismo al tiempo que se siguen concediendo licencias con arreglo a la revisión del PGOU de los años 1998 y 2000, que nunca estuvo en vigor".

El año pasado se formularon 13 escritos de acusación por delitos urbanísticos contra el Ayuntamiento marbellí, a los que se suman otras 25 diligencias en fase de instrucción por la misma causa. Y a la vez que se acumulaban las denuncias en materia de ordenación del territorio, al fiscal le llama la atención que en 2005 su Fiscalía sólo tuvo conocimiento de cuatro causas por otros delitos contra el medio ambiente. El responsable del Ministerio Público teme que esta circunstancia se deba a que toda la actuación se centra en los delitos urbanísticos, mientras que le resto "está un poco abandonada".

El fiscal de Cádiz, otra de las provincias donde aumentaron las diligencias en materia urbanística, es uno de los más críticos con las administraciones, especialmente con los ayuntamientos, por su "incapacidad" para hacer cumplir la legalidad. Esta circunstancia, según la Fiscalía gaditana, está generando "bolsas de impunidad" e incluso un "efecto llamada" para nuevas edificaciones ilícitas. "Las construcciones ilegales proliferan y se extiende la sensación popular de que, en el peor de los casos, se pagará una multa, pero que nunca se producirán demoliciones de lo ilícitamente construido"