La conducción bajo los efectos del alcohol provoca unas 350 denuncias cada día

Cuatro o seis puntos. Es lo que perderían de haberse implantado ya el permiso de conducir por puntos los cerca de 350 conductores que han sido denunciados diariamente entre el 5 y el 18 de junio por superar la tasa de alcoholemia permitida. En total, 4.785 personas, que representan el 1,46% de los 326.952 conductores controlados. El dato se conoce un día después de que el ministro Juan Fernando López Aguilar anunciara que conducir con 1,2 gramos de alcohol en sangre o circular a más de 90 kilómetros por hora en ciudad y a 160 en carretera será considerado delito y podría conllevar el ingreso en prisión. Según Automovilistas Europeos, la reforma del Código Penal llevaría a la cárcel a más de 80.000 personas.

Los porcentajes pueden resultar muy engañosos. En 2005, un 2,57% de los conductores controlados sobrepasaban los límites legales. Puede parecer poco, pero representa 84.0000 personas ebrias, con las que nadie desea encontrarse en la carretera. En 2004 dieron positivo un total de 86.757, y en 2003, 81.907. Según la Dirección General de Tráfico, el alcohol está detrás de entre el 30% y el 50% de las muertes en carretera, y de erradicarse ese mal hábito al volante, según diversos estudios, se salvarían al menos 1.000 vidas al año.

Una vez implantado el nuevo permiso, el 1 de julio, además del descuento de puntos correspondiente, beber antes de ponerse al volante acarreará una multa de entre 300 y 600 euros y la posible suspensión del derecho a circular de hasta tres meses. Pero también a penas de cárcel. Actualmente, el Código Penal recoge, aunque de manera imprecisa, la tipificación de delito y establece penas de cárcel para quienes hacen buenos compañeros de viaje del volante y la botella.

Cuatro meses de cárcel

Precisamente ayer se dio a conocer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela (Navarra) ha condenado a cuatro meses de cárcel y dos años y medio de suspensión del permiso al conductor de un camión porque había superado 7,3 veces la tasa de alcoholemia permitida. El hombre, M. D. R., de 41 años y vecino de Villanueva del Trabuco (Málaga), fue condenado tras la celebración de un juicio rápido, un día después de que la Guardia Civil le detuviera como autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Con esa tasa, lo normal es que se hubiera bebido más de media docena de cervezas o más de cinco combinados de ron con un refresco.

Como ocurre con otros delitos, normalmente las penas de prisión no se cumplen si la condena es inferior a dos años y el condenado no tiene antecedentes.

Tras el debate suscitado por el anuncio del ministro de Justicia de establecer unos límites precisos para los delitos relacionados con la seguridad vial, en lo que se refiere a consumo de alcohol, velocidad y conducción sin licencia, López Aguilar reiteró ayer que la reforma del Código Penal no pretende que la pena sea "mecánicamente la de la cárcel", sino enviar un "mensaje rotundo y de reproche social severo a la imprudencia y la temeridad".

La reforma, que llegará al Consejo de Ministros antes de agosto y al Congreso en octubre, contempla penas de cárcel para quienes conduzcan con una tasa de alcohol superior a 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre, circulen a 70 kilómetros por hora sobre los límites establecidos en vías carreteras, autopistas y autovías (160 y 190); y superando en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías urbanas, es decir ir a 90. El director de Tráfico, Pere Navarro, argumento ayer que estas medidas responden a "un cierto clamor" de la sociedad, informa Europa Press. "Estábamos divergiendo con el resto de Europa en el ámbito penal", subrayó.

Desde las asociaciones de víctimas y conductores se ha acogido el anuncio de forma desigual. La asociación Stop Accidentes calificó los límites establecidos de "permisivos". Desde el Race y el Comisariado Europeo del Automóvil se valoraron positivamente, salvo en lo que respecta a los límites en ciudad, que fueron tachados de "demasiado restrictivos". Santiago Córdoba, Asesor jurídico de Automovilistas Europeos Asociados, considera que la reforma supone un "fracaso de la política en seguridad vial del Gobierno". Según un estudio de esta asociación, las reformas llevarán a la cárcel a más de 80.000 personas al año.