Cambios acordados que mejoran derechos

Es una tarea harto difícil poner rigor y racionalidad en el debate sociolaboral, tan polarizado y a veces tan estéril y sectario, que se produce en la sociedad vasca. Se cumple aquel axioma de Hobbes que afirmaba "cuando priman los intereses no hay espacio para la razón". No me gustan las posiciones de trinchera; por el contrario, siempre intento poner racionalidad y rigor en la búsqueda de objetivos compartidos. Sin duda alguna, la reducción de la temporalidad y la recuperación, aunque sea limitada, de derechos laborales para los más débiles es una urgencia social y económica. Hay que hacer posible que la competitividad no sea antagónica con la justicia.

Lo más triste, y a la vez desconcertante, es tener que soportar deslegitimaciones coincidentes y acumulativas de diferentes actores sociales y políticos. El liderazgo de la deslegitimación lo ejerce, practicamente de oficio, el sindicalismo nacionalista. La crítica siempre es la misma: "Marco estatal de regresión y pérdida de derechos", "sindicalismo de acompañamiento", "pactismo entreguista", sometimiento al neoliberalismo dominante en la lógica de la patronal y aceptación de una flexibilidad desreguladora. Ha vuelto a hacerlo con el acuerdo firmado por la CEOE, los sindicatos UGT y CCOO y el Gobierno central para reducir la temporalidad de el empleo.

En Euskadi, el 31,5% de la población ocupada asalariada tiene un contrato temporal o está sin contrato

Reducir la temporalidad y recuperar derechos laborales para los más débiles es una urgencia social y económica

Es un poco desconcertante el acompañamiento deslegitimador de algún dirigente de la patronal guipuzcoana que, con desprecio olímpico, se hacía la siguiente pregunta: "¿Alguien se va a creer que por 800 euros al año se va a convertir un contrato temporal en fijo?" Clara añoranza de la vieja e histórica alternativa de la patronal vasca del "contrato estable", que vuelvo a calificar de despido estable; es decir, finalizaciones de contrato arbitrarias, sin protección jurídica alguna, con certeza y seguridad en el despido para el empresario.

Por lo que se refiere a las deslegitimaciones de carácter político, recojo dos auténticas perlas. El portavoz parlamentario del PNV recrimina al Gobierno que llegue a acuerdos para el conjunto de los trabajadores de España y no tenga en cuenta la específica realidad vasca, con otra representación, marginada de la negociación. Como refuerzo del ámbito vasco, no podía faltar en esta deslegitimación por parte del conjunto del nacionalismo nuestro Departamento de Empleo, reforzando la crítica sindical de que se va a abaratar el despido una vez más. Muchas coincidencias estratégicas, política y sindicalmente muy interesadas y, por reiterativas, escasamente interesantes.

Es un bien económico y social que se negocie y acuerde entre los interlocutores sociales y el Gobierno la necesidad de disminuir las altas tasas de temporalidad de nuestro fracturado y degradado mercado laboral. El problema está en acertar en las medidas y en que se cumplan. Los acuerdos equilibrados y de mutua ganancia son fácilmente criticables por sus detractores. Además, este acuerdo se produce sobre un mercado laboral ya dado, con unas instituciones claves y centrales que han sufrido sucesivas reformas, unas pactadas y otras impuestas, y que han supuesto una creciente flexibilidad en las relaciones laborales. El intercambio entre mayores cuotas de flexibilidad a cambio de mantenimiento o menor pérdida de empleo nos sitúa en un progresivo avance hacia "el pleno subempleo", insoportable socialmente y perjudicial para el conjunto de la economía. Aquí debe situarse la explicación y el alcance de un acuerdo de intereses compartidos.

Hay que corregir lo que no funciona, y la temporalidad es una ruina colectiva. Es la culpable de la descualificación laboral, de la no mejora de la productividad, de la dualidad laboral, de la menor inversión en nuevas tecnologías. Se puede afirmar que la cultura de la temporalidad se ha instalado en la gestión empresarial. Las reformas se han centrado fundamentalmente en la relación contractual, lo que ha ocasionado que las empresas hayan cargado todo el peso del ajuste flexible del mercado sobre la flexibilidad de entrada, expandiendo de modo exacerbado la temporalidad. En Euskadi, el 31,5% de la población ocupada asalariada (226.000 personas) tiene un contrato temporal o está sin contrato. Más del 93% de los contratos realizados son temporales. Únicamente tenemos por delante a Andalucia y Extremadura en este aspecto. Se produce una rotación de 2,56 contratos de media por año, habiendo más de 10.000 trabajadores con más de 10 contratos al año. Lo más grave es que en nuestra Administración hay un 26% de temporalidad. La práctica de someter cualquier reforma referente a las relaciones laborales a un proceso de negociación previo con los interlocutores sociales para conseguir un acuerdo está demostrado que es un acierto estratégico de realismo y de eficacia: por la aceptación de los resultados, por la legitimación social y por la reducción de conflictividades improductivas.

Si analizamos el considerable proceso de cambios normativos, se puede afirmar que la concertación social de las normas laborales ha sido hasta tal punto interiorizada por los agentes sociales que aquellas reformas unilaterales impuestas y no pactadas han fracasado en su puesta en práctica (las del 94 y 2001). Y otra curiosidad: la reforma impuesta de 2002, que supuso la reducción considerable del costo del despido al suprimir los salarios de tramitación -en las relaciones laborales contractuales de corta duración son cantidades mucho mayores que la indemnización por despido- no tuvieron contestación ni sindical ni política en Euskadi.

De todas las críticas escuchadas, la más grave, por su falsedad, es la de la rebaja de las indemnizaciones por despido. El acuerdo no contiene ningún retroceso en los derechos que tienen los trabajadores, sino todo lo contrario. La disyuntiva en la actualidad no se produce entre un contrato fijo ordinario de 45 días de indemnización en caso de despido improcedente y la ampliación del contrato indefinido de fomento de la estabilidad de 33 días, sino entre un contrato temporal de 8 y 12 días en las ETT y este nuevo contrato indefinido, protegido y con derechos de 33 días. No se modifica en absoluto la definición de las causas del despido y de sus procedimientos. No se introduce ninguna nueva modalidad contractual sea de carácter temporal o indefinido. La mejora de derechos se produce al introducir una regla contra el encadenamiento abusivo de contratos temporales. Automáticamente, con obligatoriedad para los empresarios, será fijo todo trabajador que, dentro de un periodo de 30 meses, esté contratado durante más de 24 en la misma empresa (directamente o a través de empresas de trabajo temporal), para el mismo puesto de trabajo, mediante dos o más contratos de obra o servicio o eventual. Por primera vez se define de manera precisa la figura de la cesión ilegal de trabajadores. Se mejoran los derechos de información y actuación coordinada de los representantes de los trabajadores de las empresas principales y de las subcontratistas para introducir una mayor transparencia en la cadena de subcontratación que, cuando no tengan representación propia, serán representados por los de la empresa principal. Se dotará con más medios a la Inspección de Trabajo, se realizarán campañas de vigilancia del fraude en la contratación temporal, la igualdad y la no discriminación, y se crearán órganos de consulta en los que habrá representación de los trabajadores a través de los sindicatos.

La patronal es la que contrata y la que está instalada en la cultura de la temporalidad. Para cambiar esta situación, las nuevas medidas son una nueva oportunidad e incentivo por su realismo,coherencia y generosidad. El proceso es largo y será desequilibrado si patronal y Administración no apuestan por la mejora de nuestro modelo productivo y por los cambios estructurales que afiancen nuestro crecimiento económico y aumenten la cantidad y calidad de nuestro empleo.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.