"La falta de viviendas es una obsesión"

En el frontispicio de la política de la Consejería de Obras Públicas está dar satisfacción a las crecientes necesidades de vivienda de la población andaluza, especialmente de la más joven, afirma su titular, Concha Gutiérrez del Castillo. Sostiene que la vivienda asequible y de calidad debe ser el objetivo último del urbanismo, y apuesta por un giro en el modelo de urbanización extensiva en la costa y recualificar ésta dotándola de equipamientos y servicios adecuados.

Pregunta. ¿Cómo valora que los municipios de la Costa del Sol proyecten más de medio millón de nuevas viviendas?

Respuesta. Afortunadamente hay ya un documento de ordenación territorial tanto en la Costa del Sol Occidental como en La Axarquía que dan una referencia clara de por donde debe ir el esquema de oportunidad y de desarrollo ordenado de todos los municipios. La Costa del Sol es una zona de crecimiento urbano desde los años 70 que con el paso del tiempo muestra sus ventajas y sus inconvenientes y estamos ahora en un punto de inflexión para aumentar sus ventajas y lógicamente corregir las deficiencias. A lo largo de muchos años se ha utilizado el concepto de turismo de sol y playa y se han hecho una serie de urbanizaciones sin tener en cuenta que era una zona privilegiada que tenía una potencialidad residencial tremenda porque tiene un clima y una calidad de vida envidiables para muchos europeos. Nadie pensaba que se iba a venir a la Costa del Sol a vivir, que se iban a necesitar prestaciones, colegios, hospitales...Hemos pasado de ser un destino turístico coyuntural a ser un lugar de residencia, se demandan equipamientos, servicios e infraestructuras y la ordenación de la ciudad con una visión distinta, no ya en racimos de urbanizaciones. No consolidar los equipamientos, servicios e infraestructuras y seguir pensando en el modelo de los años 70 puede llevarnos al colapso. Por eso se plantean una serie de temas que son absolutamente prioritarios y necesarios de abordar y que el modelo de urbanización futura nada tenga que ver con el de los años 70, que se olvidó de los equipamientos sanitarios, educativos, deportivos, sociales, para la tercera edad, etc... Ahora las urbanizaciones tienen que dotarse de estos servicios y además dar solución al conjunto de necesidades de infraestructuras que en su conjunto necesita una zona que ya está consolidada y que es necesario cualificar. Esto debe guiar el salto cualitativo y no quedarnos solo con las cifras. El modelo de hacer urbanización tras urbanización ha quedado superado por las demandas de los ciudadanos, no porque lo diga la administración.

"La Junta ejerce el control de legalidad, lo piden los ciudadanos"

"Seguir el modelo de los años setenta nos puede llevar al colapso"

P. Muchos alcaldes han votado en contra de los planes, incluso de su propio partido.

R. En el caso de la Costa del Sol ha habido un acuerdo total en cuanto a la filosofía y principios del plan y la gran oportunidad que significa. Pero también los planes vienen a plantear que hay que reconducir algo de lo preexistente y hay algunos que a la hora de emitir el voto han mirado un tema concreto de un proyecto concreto en un solar concreto, pero en la seguridad de que la Junta iba a seguir adelante. Si se imaginaran que el plan estaría condicionado por su voto, estoy segura que lo apoyarían al 100% en lugar al 80% como ocurre ahora. Estoy totalmente convencida porque en las reuniones que hemos tenido con los alcaldes se ha manifestado claramente un apoyo a la filosofía del plan. A lo mejor hay un convenio que no queda bien cuadrado, pero ese convenio para la administración autonómica no tiene ningún valor y no puede ser determinante para cambiar una filosofía mucho más global.

P. En una reciente reunión los alcaldes de las capitales se han quejado de que no es posible el diálogo con la Junta y que ésta recurre con demasiada frecuencia a los tribunales.

R. Creo que hay ya una preparación de campaña electoral y en un momento determinado se echa la culpa a otra administración cuando hay una falta de gestión en un determinado ayuntamiento. Creo que hay una apertura total en la Consejería a cualquier alcalde, y especialmente a los de ciudades de más de 20.000 habitantes. En términos generales creo que funciona bien la colaboración, y con los alcaldes de las capitales tengo una relación directa y se van dando soluciones. Si es cierto que cuanto más grande es un ayuntamiento más complejos son los temas que plantean. Lógicamente la Junta ejerce el control de legalidad, y eso es lo que nos piden los ciudadanos, que cuando se plantea un gran proyecto, miles de viviendas en un espacio, garanticemos la movilidad, los servicios y los equipamientos, que no se trate de coger las plusvalías y largarse, sino de plantear todos los equipamientos que son necesarios de acuerdo con la ley y procurar la rehabilitación de los centros. En el frontispicio de toda decisión debe estar el artículo 47 de la Constitución, una vivienda digna a precio asequible para la inmensa mayoría de la población. Eso así formulado es fácil, pero cuando llega un proyecto concreto a veces hay dificultad. Tenemos un ordenamiento jurídico complejo que permite que cada administración tenga que garantizar lo que la Constitución le dice que garantice y hay siempre una vía de solución de conflictos que son los tribunales. Pero antes de llegar a ellos hay un periodo de discusión y debate intensos en los que en más del 90% de los casos se llega a un acuerdo.

P. ¿Cree que habría menos conflictos si los ayuntamientos tuvieran un sistema de financiación que no dependiera del urbanismo?

R. Creo que son coartadas. La financiación tiene sus vías de solución. Hay un precepto legal que impide que las plusvalías sean para pagar el presupuesto ordinario o para hacer obras que nada tengan que ver con los sistemas generales y estructurantes. Habría un incumplimiento grave de la legislación si se estuviera destinando el producto el urbanismo a financiar presupuestos, pero creo que la inmensa mayoría ya no lo hacen.

P. Los promotores se quejan de excesivo intervencionismo de la Junta en el urbanismo.

R. En el Reino Unido está nacionalizado el suelo y en Holanda está prohibida la segunda residencia y nadie duda de las características liberales de ambos países. El urbanismo tiene que adaptarse a las necesidades de cada país. Aquí tenemos dos millones de jóvenes entre 20 y 35 años a los que hay que darle solución a su necesidad de vivienda, y eso es lo prioritario para el Gobierno andaluz por encima de cualquier cosa. La obsesión de la Junta es que todo crecimiento urbano dé satisfacción a la necesidad de vivienda, que como mínimo una de cada tres sea protegida, a precio asequible y con todos los parámetros de calidad del siglo XXI. Si la sociedad no es capaz de solucionar esta demanda, tendrá un grave problema a medio plazo por no haber dado oportunidad e independizarse a la generación de los emprendedores. No se pone suelo público a disposición de la Junta para hacer viviendas públicas. No debe haber crecimiento urbanístico sino para solucionar el principal problema de los andaluces, y a veces se olvida que lo que tenemos que hacer en los planes generales es solucionar el problema de los andaluces, y además el de los sistemas productivos.

P. Los escándalos urbanísticos han abierto un debate sobre si se debe centralizar las competencias urbanísticas.

R. Creo que hay que aceptar el modelo constitucional que establece que el Estado son tres niveles, la administración central, la autonómica y los ayuntamientos. Creo que la escala de competencias está bien resuelta, si bien es cierto que hay situaciones en las que hay una determinada presión sobre los ayuntamientos de sectores más relacionados con un interés privado el desarrollo urbanístico. La legislación da criterios a los ayuntamientos de cómo tiene que actuar, lo que hay que hacer es cumplir las normas y en caso de discrepancias que resuelvan los tribunales.

P. ¿Cómo contempla el futuro urbanístico de Marbella?

R. Se ha avanzado bastante, primero en la conciencia de la opinión pública de que no todo vale en el urbanismo y de que las consecuencias de una mala gestión es el caos, en el que todos pierden, La mejor manera de vender calidad es con una seguridad jurídica y unas reglas de juego muy claras. Hemos dado el paso de gigante de que todo el mundo tiene claro que hay que dotarse de esas reglas de juego, un plan general. La voluntad del gobierno es que Marbella cuente cuanto antes con un plan de normalización para afrontar el futuro que le corresponde como gran ciudad.

P. ¿Habrá demoliciones de construcciones ilegales?Todo el mundo se pregunta si habrá demoliciones.

R. Eso depende de las decisiones judiciales. Los tribunales van a valorar el ordenamiento jurídico, la situación del planeamiento y las consecuencias sociales y económicas de cualquier decisión. Confío plenamente en los jueces que han comprendido la trascendencia del problema de Marbella, que antes individualmente no tenían.