La Audiencia Nacional investigará los 27 vuelos secretos de la CIA en España

La Audiencia Nacional investigará si hubo delito en los 27 vuelos secretos de la CIA que hicieron escala en España en 2004 y 2005 y en los que se sospecha que pudo trasladarse a terroristas presos. Así lo ha decidido el juez Ismael Moreno, que considera que la Audiencia es competente en aquellos delitos que los tratados o convenios internacionales atribuyen a la justicia española, como la tortura. La fiscalía no recurrirá esta decisión para evitar dilaciones en el procedimiento. "Lo que quiere la fiscalía es que se investiguen los hechos, aquí o en Mallorca", precisó el fiscal jefe Javier Zaragoza.

El juez Moreno, en su resolución, señala: "Nos encontramos ante la hipótesis de que a lo largo de los años 2004 y 2005, miembros de los servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros países y, utilizando diferentes aeronaves, los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, también en países extranjeros". En esos traslados, los aviones "efectuaron escalas en diversos aeropuertos españoles para la materialización y culminación de tales presuntas actuaciones ilícitas".

El magistrado recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar delitos de persecución universal cometidos en el extranjero siempre que esos delitos figuren en los tratados y convenios internacional ratificados por España. Eso ocurre con la "Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes", aprobada por la ONU en 1984 y ratificada por España en 1987.

La Fiscalía de Palma y la de la Audiencia Nacional se oponían a que el caso se siguiera en la Audiencia Nacional porque el grado de evolución de la investigación no permite aún sostener la existencia de un delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.

El juez Moreno, en cambio, señala que "frente a ello, ha de considerarse que los hechos cuya verosimilitud y posibilidad de suficiente acreditación se investigan, de comprobarse que son ciertos, sin duda conllevarían la competencia de la Audiencia Nacional". Por ello, el magistrado estima que la Audiencia debe ser preferente para investigar los hechos "puesto que existe la eventualidad no meramente especulativa y lejana de que, de los hechos investigados, pudiera, en su momento, derivarse la competencia de la Audiencia".

La Fiscalía anunció que no recurrirá la decisión porque lo que quiere es que se investiguen los hechos lo antes posible. Tras recordar que fue la Fiscalía la primera institución que instó la investigación, el portavoz Juan Antonio García Jabaloy explicó que no han cambiado de criterio, que siguen considerando que hubiera sido mejor que los hechos se investigasen en Palma, pero que, en definitiva, lo importante es que se investiguen, y si hubieran recurrido el auto no se hubiera podido practicar ninguna diligencia en dos o tres meses. Así, el auto del juez será firme en tres días y se podrán practicar pruebas y llamar a declarar a testigos.

Plena transparencia

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró que respeta la decisión judicial y anunció que comparecerá ante el Parlamento Europeo "lo más rápidamente posible. Tan pronto como me den fecha y la agenda me convenga". Añadió que es "un compromiso del Gobierno mantener plena transparencia, plena información y total serenidad sobre este caso".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que los vuelos de la CIA "no son un asunto que afecte a la responsabilidad política del Gobierno" y agregó que la investigación contará con "toda la colaboración" del Ejecutivo y, además, "con transparencia".

Gaspar Llamazares, líder de IU, se felicitó por la noticia y pidió al Gobierno que esté a la altura de la Audiencia e informe al Congreso de los datos de que disponga. El grupo parlamentario IU-ICV ha presentado una proposición no de ley en la que se exige al Gobierno que traslade a la Administración norteamericana el rechazo a "todo tipo de actividades ilegales de la CIA" en territorio español.