Los pies en el suelo

El anteproyecto de nueva ley del suelo que prepara el Gobierno y se ha conocido estos días aspira a resolver o aliviar el problema básico de la vivienda: su elevado precio y la imposibilidad de controlar su crecimiento sin acabar con la especulación del suelo. La esperanza de que lo consiga se fundamenta en los tres cambios sustanciales que introduce: elevar la cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos hasta el 15% o 20%, destinar el 25% de los desarrollos a vivienda protegida y valorar el suelo expropiado a precio de rústico.

Para que las buenas intenciones se cumplan será preciso ahora superar la prueba de la práctica. De entrada, habría que desvincular la gestión del suelo de los ingresos municipales. Aumentar la cesión de suelo a los ayuntamientos es aumentar su capacidad de influir en las decisiones urbanísticas y, por tanto, la tentación de financiarse por esa vía.

Los promotores, por su parte, dicen que las nuevas condiciones (más cesión de suelo y más porcentaje de viviendas protegidas) encarecerán el coste del resto de las viviendas. Las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya habían fijado sus propios porcentajes de protegidas, han expresado las consabidas quejas sobre invasión de competencias, y amenazan con recursos.

Tal vez la valoración del suelo a precio de rústico reduzca la especulación, y el aumento de la vivienda protegida obligada dé un respiro a las rentas más bajas.

Pero la eficacia de una ley se mide menos por su contenido que por la capacidad real de ser aplicada. Obstáculos no van a faltar, pero ello no impide valorar el intento de la ministra Trujillo por reactivar la vivienda protegida tras años de estancamiento.