Un banco de tierras

Los valores naturales que atesora Andalucía se distribuyen por todo el territorio, y no sólo en aquellos espacios que gozan de algún tipo de tutela legal. Al mismo tiempo, los recursos públicos son limitados a la hora de hacer frente a las cada vez más complejas tareas de conservación. Y, para terminar de complicar este panorama, en numerosas zonas rurales se manifiestan fenómenos, como el abandono de tierras o la desaparición de los aprovechamientos tradicionales, difíciles de neutralizar a pesar de su evidente impacto en el mantenimiento de la biodiversidad.

Este escenario se manifiesta en otras muchas regiones y países, donde los instrumentos administrativos no son suficientes para garantizar el futuro de un patrimonio natural cada vez más amenazado. Una de las fórmulas más efectivas para salir de este atolladero es buscar herramientas que permitan la implicación de la sociedad civil en las diferentes tareas de conservación, esas que, a menudo, se consideran, de manera errónea, exclusivas de la Administración.

La custodia del territorio es una estrategia nacida en Estados Unidos a finales del siglo XIX. De forma simplificada, esta fórmula permite establecer acuerdos voluntarios entre los propietarios de fincas, que merezcan ser conservadas por sus valores naturales, culturales o paisajísticos, y las denominadas "entidades de custodia" (normalmente constituidas por asociaciones y fundaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente). El propietario se compromete a respetar y aplicar determinadas condiciones de protección y gestión de sus tierras y, a cambio, recibe diferentes beneficios, desde el reconocimiento social hasta la reducción de determinados impuestos, pasando por el asesoramiento gratuito o el trabajo de voluntarios en tareas de mejora de la propia finca.

En Andalucía, el espíritu de la custodia estaba ya presente en el diseño de los espacios protegidos, al existir, en el catálogo de figuras aplicables, la denominada "reserva natural concertada", aunque su aplicación no ha tenido mucho éxito. Sí que han dado buenos resultados los convenios de colaboración que la Consejería de Medio Ambiente ha suscrito con propietarios de fincas, sociedades de cazadores, titulares de cotos de caza o ayuntamientos, con los que se ha conseguido una cierta tutela sobre un total de 400.000 hectáreas.

Pero la verdadera custodia del territorio, en la que el protagonismo recae sobre la sociedad civil, es un camino inexplorado en el que van a internarse, por vez primera, tres fundaciones privadas, sin ánimo de lucro, que estos días ultiman los estatutos de lo que será la futura Asociación Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio. La Fundación Migres, ligada al estudio y difusión de las migraciones en el Estrecho de Gibraltar, la Fundación Gypaetus, nacida en torno a la conservación del quebrantahuesos, y la Fundación Falcor, que agrupa a los propietarios de alcornocales y productores de corcho, son las tres entidades que se han embarcado en este proyecto pionero.

"Nuestra idea", explica Juan Montes, gerente de la Fundación Gypaetus, "es generar un banco de tierras, como ya existe en otros países, en el que se integren fincas privadas y públicas, cuya gestión sostenible se organice a través de acuerdos voluntarios entre sus titulares y las entidades de custodia". Cada uno de estos acuerdos tendrá características propias, tanto en lo que se refiere a la conservación del territorio en cuestión como a la propia financiación de esta tutela.

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