El fiscal del 'caso Fabra' tuvo cargos de confianza con dos ministros del PP

El fiscal anticorrupción Luis Pastor, que actualmente actúa como representante del ministerio público en el llamado caso Fabra, ocupó cargos de libre designación con dos ministros del Gobierno de José María Aznar. Pastor ejerció como asesor en el Ministerio de Justicia, dirigido por José María Michavila, hoy diputado del PP por Valencia, y también en el de Asuntos Exteriores, que entonces encabezaba Abel Matutes.

Luis Pastor ejerce como fiscal en las diligencias por las que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas, además de un presunto fraude fiscal. Las pesquisas están encaminadas a aclarar si Fabra medió ante varios ministerios y si cobró por tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios durante un período que abarca desde 1999 hasta 2002.

Por ello, varios altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura aparecen como imputados en la causa, mientras que están llamados a declarar cuatro ex ministros del PP (Celia Villalobos, Jesús Posada, Miguel Arias Cañete y Juan Costa), en calidad de testigos. Los cuatro han pedido eludir su paso por el juzgado y prestar declaración por escrito, a lo que el fiscal no se ha opuesto. Además, fuentes del caso han manifestado haber percibido en el fiscal una actitud menos activa que la de sus predecesores, que habían atribuido a la voluminosidad y complejidad de unas diligencias a las que se incorporó en el mes de noviembre, poco después de ser nombrado fiscal para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.

Un puesto en la AECI

La primera comisión de servicios especiales para el que entonces era fiscal en Móstoles (Madrid) se otorgó en 1998, cuando fue nombrado asesor técnico principal en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala, que pertenece la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Esta agencia depende del ministerio de Asuntos Exteriores cuya cartera, entonces, estaba en manos de Abel Matutes.

Tal como publicó el Boletín Oficial del Estado meses después, el decreto del paso a la situación de servicios especiales fue firmada por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Un año después, en septiembre de 1999, el BOE publicó el reingresó de Luis Pastor en la carrera fiscal y su incorporación a la plaza de la Adscripción Permanente de Móstoles de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la que era titular.

La relación del actual fiscal del caso Fabra con el Gobierno del PP se retomó en octubre de 2002, cuando pasó a ocupar otro puesto de confianza como asesor de la dirección general para la modernización de la Administración de Justicia, ocupada por Alberto Dorrego. Para ocupar dicho puesto, contó con un informe favorable del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con otro de la comisión permanente del consejo fiscal.

El ministerio estaba liderado entonces por José María Michavila que, además, es diputado por Valencia y guarda una estrecha relación con la provincia de Castellón. Además, una de las hermanas de Michavila, Ana, es jefa de gabinete del actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Ana Michavila fue elegida diputada autonómica por Castellón en las elecciones autonómicas de 2003 aunque, tras revalidar Camps la mayoría absoluta del PP, dimitió para dedicarse exclusivamente al puesto que ocupa en la actualidad. Carlos Fabra ha sido uno de los apoyos más importantes de Camps en su pugna con los zaplanistas.

El nombramiento como asesor de Justicia fue por seis meses aunque se prorrogó otros tres más, con lo que Luis Pastor se mantuvo en el puesto hasta antes del verano de 2003. Meses después, estalló el caso Fabra.