La Vila vende suelo público para poder financiar el campo de fútbol

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) prepara la subasta y venta de suelo público correspondiente a la cesión de varios planes parciales para poder financiar proyectos municipales.

La comisión informativa de Urbanismo aprobó ayer la permuta del aprovechamiento del PP-18 y la venta mediante subasta de las del PP-35, así como el cambio de financiación de los nuevos campos de fútbol, lo que se abordará en el próximo pleno municipal. El alcalde, José Miguel Llorca, del PP, inauguró el pasado fin de semana una exposición en el céntrico Chalet de Centella, un edificio de principios de siglo que se utilizará como sala de exposiciones tras aprobar el consistorio otra permuta correspondiente al 10% de aprovechamiento del PP-11, en la zona de la Tellerola, con la mercantil Valdeprocasa, que cede este inmueble a cambio de los 11.506 metros cuadrados de edificabilidad del plan parcial, en primera línea de playa.

No son casos aislados, puesto que el pleno del pasado 18 de mayo aprobó con los votos en solitario del PP la venta del suelo cedido por varios planes, con un valor de 13 millones de euros con los que el consistorio hará frente al nuevo auditorio (al igual que los campos de fútbol en este caso el presupuesto se ha incrementado un 40%), y a unas rampas mecánicas para acceder a la playa.

Urbanismo depredador

El responsable de política urbanística del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, visitó ayer La Vila Joiosa, municipio al que calificó como "ejemplo del urbanismo depredador que está desarrollando Francisco Camps en toda la Comunidad". El ex consejero socialista destacó que la venta de suelo público tal y como está realizando este consistorio es ilegal, ya que el 10% que ceden los promotores al consistorio de los planes que ejecutan debe destinarse, al igual que los ingresos que genera, "a construir viviendas de protección oficial (VPO)". Burriel señaló que de las 25.000 viviendas que se están construyendo en La Vila con el desarrollo del nuevo PGOU "no hay ni una sola VPO", pese a que en el programa electoral el PP prometió 200 y existe un listado con 500 solicitudes. "Es paradójico que en el momento que más cantidad de viviendas se están construyendo sea cuando más dificultad están encontrando los ciudadanos para acceder a ellas", criticó Burriel, y añadió: "Se está fomentando las ganancias de unos pocos".

La práctica que está siguiendo el consistorio de la Marina Baixa ha sido penalizada judicialmente en varios municipios, según Burriel. Los ayuntamientos de Calp, Gandia, Xàtiva y Alicante han tenido que reajustar sus presupuestos tras las sentencias contrarias. "Nos vamos a encontrar dentro de unos años a un consistorio que tendrá que devolver dinero obtenido de forma ilícita vendiendo suelo de patrimonio público para un fin que no era el debido", advirtió Burriel.