Las alegaciones aceptadas al Plan Rabassa no generan gasto alguno para el promotor

Las únicas alegaciones que el gobierno municipal del PP ha aceptado de las 17 que presentó el Grupo Municipal Socialista en Alicante contra el Plan Rabassa son las que no suponen gasto alguno para la empresa urbanizadora. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, valoraron ayer la tramitación de este macroproyecto urbanístico que el próximo martes se aprobará en el pleno municipal. La oposición alerta de la excesiva concentración de viviendas de protección oficial en esta zona y critica la falta de estudios medioambientales y que garanticen los recursos hídricos.

El 70% de las alegaciones que presentaron los socialistas al proyecto urbanístico del Plan Rabassa de Alicante fueron rechazadas, y todas las que presentó EU han sido denegadas. Ayer los dos grupos en la oposición valoraron las consecuencias, que a su juicio, tendrá la construcción de 15.000 nuevas viviendas sobre una superficie superior a los cuatro millones de metros cuadrados. Manuel de Barros, portavoz del PSPV, tildó este proyecto como "el mayor error urbanístico cometido en Alicante desde la instauración de la democracia", y lamentó que curiosamente las únicas alegaciones aceptadas han sido "aquellas que no suponen gasto alguno para el urbanizador", en este caso Enrique Ortiz, como son zonas de jardines, equipamientos educativos y culturales que "los sufragarán las administraciones públicas", avanzó De Barros, en referencia a la petición de reserva de suelo dotacional a la que obliga la legislación.

De Barros insiste en que el Plan Rabassa responde a "objetivos políticos" y reitera, una vez más, que se retire su tramitación para incluir este macroproyecto en el debate de la revisión pendiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Entre las alegaciones presentadas por los socialistas que han sido rechazadas, Manuel de Barros destacó las que instaban a explicar los motivos por los que se plantea este proyecto, la que pedía instrumentos de control para la concesión de las viviendas de protección oficial, o la alegación referente a la construcción de galerías de servicios técnicos, entre otras. Manuel de Barros concluyó aseverando que "este es un mal Plan para la ciudad". Minutos antes valoró el proceso de aceptación de alegaciones la única edil de Esquerra Unida en Alicante, Susana Sánchez, que lamentó que tras los meses de debate la propuesta final "no ha cambiado" en sus "parámetros básicos". Para Esquerra Unida el Plan Rabassa constituye un "gran desequilibro para la ciudad" y deja sin protección las tres lagunas que continúan como "suelo urbanizable, dentro de un parque urbano", lo que, en su opinión, "sigue siendo insuficiente". La edil cree esto muestra "el desconocimiento más absoluto" de la Ley Valenciana de Espacios Naturales, cuyo artículo 15 contempla una "protección general de formas húmedas". Sin embargo, se amparan en esa ley para no aceptar las alegaciones presentadas por Esquerra Unida y otros colectivos ecologistas.

En cuanto a las viviendas protegidas que pretenden construirse en Rabassa, unas 8.000, Susana Sánchez consideró que "se mantiene un número desmesurado de viviendas", al tiempo que advirtió de que "no es positivo" que se concentren tantas Viviendas de Protección Oficial en una sola zona. "Si se llega a realizar comportará un gran desequilibrio para la ciudad" y "beneficiará a unos pocos". Según las estimaciones de EU, en función de un informe de la Consejería de Territorio, el 77% de las VPO previstas en Alicante estarán en Rabassa. "Cuando se deberían repartir por todos los barrios, sobre todo en aquellos necesitan infraestructuras públicas". EU recordó que el Ayuntamiento no ha previsto los recursos hídricos disponibles, "incluso desoyendo" los escritos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.