Una comisión mutilada

Imagínese que en el Parlamento se decide crear una comisión para estudiar los problemas de la justicia. Imagínese que se decide contar con personas y expertos relacionados con la justicia para que expongan sus puntos de vista y propongan soluciones. Imagínese que se convoca a jueces, fiscales y abogados de una determinada tendencia, a catedráticos de Derecho, secretarios judiciales, policía, testigos, asociaciones defensoras de la pena de muerte, procesados, reos y hasta delincuentes y presos. Imagínese que, en cambio, el partido que ostenta la mayoría absoluta no acepta llamar a ningún representante del ministerio del ramo, ni siquiera al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y que, por todo ello, los grupos de la oposición deciden no asistir a las reuniones de esa comisión. ¿Impensable?

Es un "paripé" incluido en la "guerra sucia del agua"del Consell, dice Godoy

No en las Cortes Valencianas, donde ayer comenzó el desfile de comparecientes ante la comisión especial del estudio de la sequía. Los diputados de los dos grupos de la oposición -PSPV y Esquerra Unida-L'Entesa- no se presentaron, tal como anunciaron el día que el PP impuso su mayoría absoluta para aprobar la lista de comparecientes. En ella no figura el máximo responsable del principal órgano hidrológico valenciano, Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tampoco Adrián Baltanás, director de Acuamed, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente que gestiona centenares de millones de euros para inversiones en infraestructuras hídricas e hidráulicas aprobadas por el Gobierno central para la Comunidad Valenciana.

En cambio, sí han sido llamados varios altos cargos del anterior Gobierno central, del PP, que aprobó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que incluía el trasvase del Ebro derogado por el Ejecutivo socialista. Además, la relación presenta un claro sesgo sureño: los representantes de organizaciones de regantes son en su mayoría de las comarcas del sur -no hay ninguno de La Ribera, por ejemplo- y a pesar de que inicialmente se planteó llamar sólo a expertos, al final el PP incluyó en la lista a nueve alcaldes, tanto populares como socialistas; eso sí, todos de localidades de las comarcas del sur. Y todos, claro, ardientes defensores del trasvase del Ebro y críticos con el cambio de trazado del canal que tiene que llevar agua del Júcar al Vinalopó.

Es una lista "política y no técnica" e "integrada por estómagos agradecidos". José Pascual Fortea, presidente de la comunidad de regantes de Sueca (La Ribera Baixa) y miembro de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, definió así el pasado viernes la comisión creada en las Cortes Valencianas. Fortea, militante histórico del PP, que no ha sido llamado a comparecer, lo tiene claro: la comisión "es un organismo para mantener el enfrentamiento entre valencianos que el propio Consell ha creado".

"Es un paripé", afirma, por su parte, el diputado José Antonio Godoy, portavoz del PSPV en la comisión. En su opinión, la estrategia del PP en esta comisión forma parte de la nueva "guerra sucia del agua" del Consell para reclamar de nuevo el trasvase del Ebro. "¿Cómo es posible no llamar a quienes tienen en sus manos cientos de millones de euros para inversiones en materia de agua?", se pregunta Godoy en referencia, por ejemplo, a Adrián Baltanás, o a Francisco Rodríguez, titular de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). El PP rechazó hasta 15 nombres, todos expertos en la materia, propuestos por el PSPV.

Ayer, en la primera sesión de comparecencias, pasaron por las Cortes Cristóbal Aguado (Asociación Valenciana de Agricultores), Antonio Gil Olcina (Instituto Universitario de Geografía de Alicante) y Eladio Aniorte (Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante). Y, naturalmente, defendieron el trasvase; las "autopistas del agua", en palabras del primero. Pero sólo les escucharon los diputados del PP, porque los de la oposición no acudieron. El portavoz popular, Serafín Castellano, criticó al PSPV por "abandonar sus responsabilidades y no dar la cara" y denunció su "sectarismo" y su "partidismo", antes de censurar al Ejecutivo central y de ofrecer el ya habitual repaso de supuestos agravios del Gobierno socialista a los valencianos.