El propietario de suelo expropiado podrá reclamarlo a los 10 años

La futura Ley del Suelo permitirá a los propietarios de terrenos expropiados reclamar su devolución si pasados 10 años desde la enajenación los terrenos todavía no se han urbanizado, según aseguró ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Además, si se producen cambios en el uso o edificabilidad de los terrenos expropiados que eleven su valor (que se destinen a pisos en lugar de a una estación de tren, por ejemplo) se renegociarán las condiciones económicas de la expropiación.

Las expropiaciones pueden acabar siendo muy polémicas y, para cubrir vacíos legales y agrupar las normas relacionadas con estos procesos en un solo documento, el anteproyecto de la Ley del Suelo que el Gobierno acaba de aprobar recoge especialmente una serie de derechos de los propietarios que han sido expropiados.

Junto a la inclusión del llamado derecho de reversión -permite reclamar a los antiguos propietarios sus bienes expropiados-, otra novedad destacada por la ministra, que participó en el Foro Inmobiliario del Instituto de Empresa, es que la ley prevé indemnizaciones para los dueños de terrenos que tienen que ser expropiados y que por diversas razones no pueden participar en el proceso de urbanización de su solar. El objetivo de esas indemnizaciones -el anteproyecto no las cuantifica- es compensarles en parte por no beneficiarse de las plusvalías.

El Gobierno intenta ayudar a resolver litigios relacionados con muchas expropiaciones. Un buen ejemplo de los problemas que surgen en estos procesos es la llamada Operación Chamartín, en Madrid, que afecta a más de 1.100 familias propietarias de los terrenos que les fueron expropiados hace 50 años para construir los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral.

Operación Chamartín

Con el tiempo, se ha convertido en una de las mayores operaciones urbanísticas de Europa. Estos afectados han reclamado que se les compense por haber sido expropiados para que se construyera una estación en unos terrenos en los que finalmente habrá miles de pisos.

Según el anteproyecto, que se someterá ahora a la opinión de comunidades, ayuntamientos y el sector inmobiliario, estos llamados reversionistas tendrían derecho a esa compensación de una forma más clara. Además, la futura Ley del Suelo fijará un máximo de revalorización para los terrenos rústicos para poner coto a la especulación. El objetivo es evitar los abusos en las expropiaciones, en las que se suele tasar un terreno baldío a precio de oro por la expectativa de que sea pronto urbanizable.

Otro cambio es que el 25% de las viviendas previstas se reservará a pisos protegidos. Este porcentaje será el mínimo. Después, las comunidades pueden elevarlo (en Madrid es del 50%). La ley en vigor, de 1998, no incluye ningún mínimo de reserva para pisos protegidos. La futura norma aumenta del 10% al 15% el porcentaje de suelo urbanizado máximo que los promotores deben ceder a los ayuntamientos, si bien en casos excepcionales puede subirse hasta el 20%.