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Los Veinticinco logran un acuerdo para liberalizar los servicios en la UE

El Gobierno afirma que el texto de la nueva directiva es "satisfactorio para España"

Andreu Missé

Los Estados miembros de la Unión Europea lograron a última hora de ayer un "acuerdo de compromiso" para liberalizar los servicios, según manifestó Alberto Navarro, secretario de Estado para Asuntos Europeos. Navarro precisó que el acuerdo "era satisfactorio para España". Francia cedió en su resistencia inicial al acuerdo, pero logró que los servicios de notaría quedaran finalmente excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. El acuerdo consiguió el apoyo de todos los Estados, excepto de Lituania, que se abstuvo.

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La Eurocámara aprueba la directiva que liberaliza los servicios

El Consejo aprobó un texto basado en la propuesta de la Comisión Europea presentada el pasado mes de abril, con numerosos retoques introducidos por la presidencia austriaca, a las modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero.

El acuerdo de ayer establece que los Estados Miembros deberán comunicar y justificar ante la Comisión Europea las excepciones que dispongan en su legislación cuando transpongan la directiva la directiva a su ordenamiento jurídico. Estas excepciones deberán cumplir tres requisitos: no ser discriminatorias, ser proporcionadas y que sean de interés general. Con esta información la Comisión Europea, elaborará un registro que recogerá toda la legislación de los distintos Estados sobre la regulación de los Servicios en la Unión Europea.

La directiva entrará en vigor en el plazo de tres años y no en dos como estaba previsto inicialmente. Navarro precisó que el tercer año se dedicará a ayudar a los Estados Miembros que hayan tenido dificultades en la aplicación de la directiva.

Un estudio de Holanda estimaba que en su redacción inicial la Directiva de Servicios hubiera fomentado la creación de 700.000 empleos, pero que después de los recortes introducidos, el impacto en la creación de puestos de trabajo se habría reducido en un tercio, la previsión inicial. "Las principales beneficiarias de la directiva serán las pequeñas y medianas empresas", según el secretario de Estado.

País de origen

La Directiva de Servicios llamada también Directiva Bolkestein, por el nombre del comisario que la presentó por primera vez, propugnaba una fuerte liberalización de los servicios sobre la base del llamado "principio del país de origen". Este principio significaba que las empresas de servicios podrían aplicar la legislación del país en que se habían constituido en lugar de las leyes existentes en los países donde operaban.

El "principio del país de origen" provocó una oleada de protestas especialmente en medios sindicales y entre los partidos de la izquierda por estimar que significaba la legalización del dumping social. En Francia, Alemania y Bélgica, sobre todo, los sindicatos temían que las empresas extranjeras podrían establecerse en estos países aplicando la legislación laboral menos proteccionista de los Estados en que se hubieran constituido. Por este motivo, la directiva de servicios está asociada al no a la Constitución de Francia.

El texto inicial fue objeto de una modificación radical en el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero que eliminó los aspectos más polémicos y liberalizadores y estableció muchas restricciones de forma que la legislación nacional era la que prevalecía en materia de derechos sociales, laborales y ciertas normas de establecimiento de las empresas. Teniendo en cuenta estas modificaciones la Comisión Europea elaboró un nuevo texto el pasado mes de abril que es el que sirvió de base para el acuerdo de ayer.

Los Estados Miembros impulsores de la liberalización de los servicios, principalmente Holanda, Reino Unido y los países de la última ampliación, consideraron que el Parlamento fue demasiado lejos en sus recortes. Por esta razón propugnaron examinar la transposición a las legislaciones nacionales para averiguar si entraba en contradicción con la directiva.

Ayer se acordó realizar un registro de todas las legislaciones nacionales y comprobar que eran compatibles con la directiva. El acuerdo deberá volver al Parlamento Europeo para que sea aprobado en segunda lectura.

Frits Bolkestein.
Frits Bolkestein.

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