El Gobierno aprueba hoy la nueva Ley del Suelo para tratar de frenar la especulación

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de la nueva Ley del Suelo, que pasará a ser tramitado en el Parlamento. La nueva normativa nace con el objetivo expreso de tratar de combatir la especulación con el terreno, un bien cada vez más escaso y que supone un altísimo porcentaje (hasta el 50%, según algunos estudios del sector) del disparado precio de la vivienda.

Las líneas principales de la nueva normativa, según el borrador conocido hasta ahora y que puede sufrir modificaciones tanto en su paso por el Consejo de Ministros como en la tramitación parlamentaria, se refieren al sistema de valoración de los terrenos, la penalización a los propietarios de solares vacíos, las reservas obligatorias para viviendas protegidas y la cesión de suelo por parte de los promotores a los ayuntamientos.

Uno de los aspectos más polémicos de la ley, que sustituirá a la actual de 1998, es el cambio en la valoración del terreno. La propuesta formulada por el Ministerio de Vivienda (y muy contestada por los promotores inmobiliarios) consiste en que se atribuya a los solares un valor en función de su estado en cada momento, y no por las expectativas de desarrollo futuro. Hasta ahora, la ley permitía valorar, por ejemplo, un campo de maíz, teniendo en cuenta el precio que adquiriría si estuviese ya urbanizado, pero sin que el propietario hubiese invertido ni un solo euro en viales, alcantarillado y el resto de servicios.

Según el borrador inicial, Vivienda propone también que los dueños de solares que no cumplan los plazos para ejecutar los planes urbanísticos sean expropiados o forzados a vender. Se trata con ello de evitar que los propietarios retengan suelo urbanizable durante años a la espera de que suban los precios.

Además, según el borrador, el 25% de las viviendas previstas en los nuevos planes de ordenación urbanística se reservarán para viviendas de protección oficial. Este porcentaje será el mínimo para toda España, pero las comunidades autónomas tienen en algunos casos fijadas proporciones superiores (el 65% en el País Vasco).

Asimismo, se preveía aumentar del 10% al 15% con carácter general el porcentaje de suelo urbanizado que los promotores deben entregar a los ayuntamientos, si bien en casos excepcionales las comunidades autónomas pueden subirlo hasta el 20%.

La nueva ley desarrolla también el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española y establece el deber de los ciudadanos de dedicar el suelo y la vivienda al fin al que están destinados.

Sobre el patrimonio público de suelo, el borrador establecía que deben enajenarse "normalmente por concurso y que sólo se utilizará en método de subasta en los supuestos previstos en la legislación y en particular cuando no sirvan a la política de vivienda".