Camps aprovecha la unión del PP en el 'caso Terra Mítica' para designar un comité electoral fiel

El presidente regional del PP, Francisco Camps, aprovechó ayer el cierre de filas de su partido respecto al caso Terra Mítica para designar un comité electoral de su estricta confianza y sin concesiones a los zaplanistas. Camps logró también el asentimiento del Comité Ejecutivo Regional del PP como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2007. La reunión se centró en torno al desgaste que las acusaciones de corrupción están generando en el PP.

Carlos Fabra reclama mayor contundencia frente a los socialistas y el acoso mediático

El proceso de designación de candidatos y, las tensiones propias de la confección de las listas, se puso en marcha ayer con la designación del comité electoral regional del PP que será el encargado de proponer las listas de los municipios mayores de 20.000 habitantes. Camps aprovechó la unidad del partido frente a las acusaciones de corrupción para situar en el comité electoral a personas de su entera confianza. Unidad que llevó ayer a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, a coincidir en la defensa de Eduardo Zaplana y las críticas al PSPV.

Sin oposición alguna, Camps propuso que este órgano estuviese integrado por Miguel Barceló y María Teresa Revenga por Alicante, Ignacio Gil Lázaro y Luchi Esteban por Valencia y Juan José Ortiz y Nuria Felip por Castellón, que junto con Pedro Agramunt como presidente y Víctor Campos como secretario decidirán las listas electorales.

En la reunión, la secretaria regional del PP, Adela Pedrosa; el portavoz parlamentario, Serafín Castellano; y el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, expusieron sus informes a los miembros del Comité Regional del partido antes de que el propio Camps cerrase el turno de palabras.

En la práctica totalidad de las intervenciones, incluida la del propio Camps, hubo referencias a lo que la mayoría de cargos del PP interpreta como un acoso por parte de determinados medios de comunicación, aunque las palabras más duras fueron para la estrategia del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE). La grabación por parte de los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa de unas conversaciones con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados en la denuncia por la supuesta trama de facturas falsas relacionadas con Terra Mítica, tiene terriblemente enfadados a los populares.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios supuestos delitos relacionados con el tráfico de influencias, reclamó más contundencia frente a las acusaciones de corrupción. Según fuentes del Comité Ejecutivo del PP, Fabra criticó que no se le haya autorizado por parte de la dirección del partido la convocatoria de nuevas manifestaciones contra el Gobierno socialista en temas como la inmigración. Algunos de los asistentes interpretaron que Fabra se mostraba molesto por que el PP no hubiese cerrado filas con él como ha hecho con el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana a raíz del caso Terra Mítica.

El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, imputado por un supuesto pelotazo urbanístico, también reclamó mayor contundencia contra los socialistas y demandó una mayor participación de los diputados populares en el Congreso en la denuncia de los incumplimientos del Gobierno con la Comunidad Valenciana. Intervenciones que tuvieron que ser matizadas por el propio Camps, que defendió el papel de los parlamentarios nacionales de su partido y la necesidad de coordinar las estrategias con la dirección nacional del PP.