Los alcaldes piden a la Junta financiación para combatir el 'botellón'

Los alcaldes de las capitales andaluzas gobernadas por el Partido Popular consideran que el proyecto de ley de Potestades Administrativas en Actividades de Ocio, conocido como ley antibotellón, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta nace cojo. Denuncian que no prevé la transferencia de recursos financieros a los ayuntamientos para combatir el fenómeno de tener miles de jóvenes bebiendo en la calle cada fin de semana.

"Llega tarde y está incompleta". La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), encuentra estos dos principales defectos en la normativa. "Es un texto incompleto porque no prevé recursos económicos para los ayuntamientos", asegura. La regidora gaditana considera que el Gobierno andaluz ha de dotar de medios "para que se puedan habilitar espacios con garantías de que los jóvenes lo puedan pasar bien pero de una forma segura".

La también parlamentaria autonómica, espera que sean atendidas las enmiendas que su partido presentará a la ley en la cámara autonómica. "Queremos que esta normativa no sea sólo un escudo de protección política para el Gobierno del señor Chaves".

En el mismo sentido se manifiesta el Ayuntamiento de Huelva. El concejal de Urbanismo onubense, Francisco Moro (PP), señaló que la ley "nace coja y no se enfrenta de manera realista al botellón porque no surge del consenso con los ayuntamientos. Moro, que también opina que deben darse más fondos a los municipios, cree que con la ley, el presidente de la Junta "se quita el problema de encima y se lo pasa a los municipios".

José Torres Hurtado (PP), alcalde de Granada, uno de los municipios que en los últimos años se ha convertido en referente para los aficionados al botellón, piensa que legislar sobre este problema es "positivo", pero echa en falta, sobre todo, "un compromiso claro financiero" por parte de la Junta. Torres Hurtado espera que este aspecto "se corrija" y quede plasmado por escrito durante la tramitación parlamentaria de la nueva normativa.

"Se nos dan competencias para tratar el de resolver el problema, pero echamos de menos que no se hable de la financiación de las medidas que hacen falta para ello, ni de los costes que los ayuntamientos tenemos que afrontar", asegura el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP). El primer edil almeriense cree que la ley puede ser útil para afrontar algunas cuestiones, pero de momento es sólo un documento de trabajo.

El alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar (PP) entiende que los entes locales se encuentran "desbordados" por el botellón y señala que para que la futura ley sea un instrumento válido "tiene que contemplar la adecuada transferencia de medios financieros desde la Junta hacia los ayuntamientos". El regidor jiennense opina que se trata de un fenómeno que no sólo implica un problema de seguridad y orden público, sino "un problema de salud pública para los jóvenes".

Francisco de la Torre, además de reclamar "previsiones presupuestarias" en el nuevo texto legal, aboga por "organizar un sistema de educación que promueva que los jóvenes usen menos alcohol a la hora del ocio". De la Torre reclama una "actuación más integral" ante el botellón que no ponga sólo el foco en el aspecto sancionador. Con la nueva ley, los alcaldes tendrán la potestad de sancionar con multas de entre 600 y 60.000 euros.

Esta información ha sido elaborada por Pedro Espinosa, Manuel J. Albert, Reyes Rincón, María José López Díaz, Ginés Donaire y Fernando J. Pérez.