El Parlament frena la gestión conjunta con Aragón del arte sacro de la Franja en litigio

El litigio sobre las obras de arte sacro de la diócesis de Lleida reclamadas por la de Barbastro-Monzón desde la redefinición de sus límites territoriales dio ayer un nuevo giro. El Parlament aprobó por unanimidad una moción que obliga al Gobierno de la Generalitat a conservar en el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida la colección en disputa, a mantener su unidad en el Catálogo del Patrimonio Cultural catalán y a posponer su "gestión consensuada" en varias sedes museísticas en Cataluña y Aragón hasta que se defina por vía judicial la propiedad de las 113 pìezas.

La moción del Parlament presentada por el diputado de CiU Josep Pont había sido previamente negociada por diputados leridanos de todos los grupos. Fue defendida también por el republicano Carmel Mòdol y el socialista Francesc Boya. Éste la apoyó destacando que, a su juicio, no contradice la resolución dictada a mediados de abril por la entonces consejera de Cultura del Gobierno catalán, Caterina Mieras, que abría la puerta a la resolución amistosa del litigio. Si no contradice la resolución de la consejera Mieras, sí la matiza significativamente. Aquella resolución autorizaba al obispado de Lleida a disponer de las obras reclamadas mientras se garantizara la unidad de la colección y proponía su gestión conjunta mediante un patronato con todas las partes y la creación de dos sedes museísticas, una en Aragón y otra en Cataluña.

La moción aprobada ayer insta al Gobierno catalán a conservar y exponer las obras citadas en el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida "mientras no se llegue a un acuerdo de gestión consensuado por las partes en conflicto que permita salvaguardar y difundir la colección".

La "promoción" de estos acuerdos de gestión consensuada se pospone, además, a que "se defina la propiedad de las obras", un asunto que en estos momentos se halla pendiente de la decisión del Vaticano y que, previsiblemente, terminará en los tribunales civiles si antes no se llega a una solución amistosa.

Mientras no se llegue a algún tipo de acuerdo, la moción insta al Gobierno a mantener la colección inscrita en el catálogo de patrimonio cultural catalán y a reconocer "explícitamente" la unidad de un patrimonio "capaz de explicar los contextos identitarios, históricos, sociales y religiosos de unas parroquias y unas comunidades con fuertes vínculos de unión y acuerdo a lo largo de los siglos".

La resolución de la consejera Mieras, a la que siguió una carta del presidente Pasqual Maragall al del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en la que mostraba su deseo de resolver el conflicto, fue rechazada en Lleida por los partidos que defienden el mantenimiento de la colección. El diputado de CiU Josep Font manifestó ayer que con la moción aprobada "se obliga a llegar a pactos en la zona de la Franja correspondiente a la antigua diócesis de Lleida".

Por buscar una solución negociada se han pronunciado un grupo de alcaldes de municipios de la zona limítrofe con Cataluña, encabezados por el de Graus, Ramon Miranda. Entre estos alcaldes se encuentran los de Isábena, Alberto Lamora; Tamarit de Llitera, Fernando Mateo, y Saidí, María Teresa Font. Este grupo ha solicitado una entrevista con el nuevo consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell.

Rechazo aragonés

El acuerdo del Parlament fue recibido con sorpresa y disgusto por el Gobierno aragonés. Su viceconsejero de Cultura, Juanjo Vázquez, llamó ayer a todos los partidos aragoneses con representación en las Cortes a mostrar la misma unanimidad que los catalanes para pedir la devolución de los bienes de las parroquias de la Franja, informa Concha Monserrat.

La moción aprobada en el Parlamento, dijo, "supone llamar al desacato a una sentencia de los tribunales eclesiásticos, que han fallado a favor de la devolución de los bienes de las parroquias, una sentencia que tiene plena vigencia en el ámbito civil".

El Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) se enteró por los medios de comunicación del resultado de una votación que le pilló por sorpresa. El viceconsejero recordó que nadie ha abierto la vía civil porque según la Ley de Patrimonio las sentencias de los tribunales eclesiásticos deben ser acatadas, y la devolución de los bienes de las parroquias se ha dirimido siempre en terreno canónico.

Vázquez también aseguró que lo ocurrido no empaña las buenas relaciones entre el Ejecutivo aragonés y el catalán pero no ocultó el malestar que ha supuesto la aprobación de esa moción, que, insistió "es absolutamente ineficaz porque pretende frenar una resolución administrativa de la Generalitat y eso es imposible".