El Gobierno acusa al PP de sostener la "atrocidad" de que hay una policía política

El PP parece convencido de haber mordido presa. La sentencia de la Audiencia de Madrid, que no es firme y que condenó a tres policías por detención ilegal de dos militantes populares, en el llamado caso Bono llevó ayer al principal partido de la oposición a formular seis preguntas sobre este asunto en la sesión de control del Congreso. Rajoy pidió la destitución como ministro del entonces titular de Interior, y hoy de Defensa, José Antonio Alonso. Zapatero lo defendió con firmeza y el ministro acusó al PP de mentir y hacer creer que existe una "policía política" con grave descrédito para el Estado.

El ruido amainó notablemente en el hemiciclo respecto a la tormentosa sesión del pasado jueves. El PP llevó a la tribuna de invitados a los dos detenidos tras la manifestación de la AVT en enero de 2005 y en la que el entonces ministro de Defensa, José Bono, aseguró haber sido agredido. En los escaños predominó la calma y algunas ideas clave que comenzó desgranando el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y sostuvieron sus dos colaboradores más inmediatos, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, y otros tres diputados del PP.

La idea más insistente es que el ministro Alonso debe abandonar el Consejo de Ministros, como responsable último de lo que los populares llaman machaconamente la primera sentencia por una detención política ilegal en la actual democracia española.

Todos los diputados manejaron las intervenciones de Alonso en el Congreso cuando era ministro de Interior y los hechos que la sentencia considera probados. Acebes dio un paso más y aseguró que quería saber "quién es la equis de este atropello delictivo y antidemocrático", en referencia a la equis que en la época de los GAL puso en circulación el entonces líder de IU, Julio Anguita. Cargó el ataque asegurando que "en la España de Zapatero, si miras a un ministro te detienen y si hablas con dos diputados socialistas te graban [en alusión a los diputados autonómicos valencianos que han formulado denuncia contra Zaplana, apoyándose en una conversación grabada a empresarios] y se utilizan los medios del Estado para perseguir a la oposición".

El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, siguió en la línea de insistir en que el ministro mintió en sus comparecencias parlamentarias, a la vista de los hechos que sienta la sentencia.

Daño al Estado de derecho

Alonso también mantuvo una línea de respuesta clara y llegó a sostener que el PP está diciendo "que en este país hay una policía política, y eso es una atrocidad que pone en cuestión el funcionamiento de una institución capital para el Estado de derecho".

En varias ocasiones defendió que su conducta como ministro de Interior fue "intachable" y sostuvo, sin vacilaciones, que Bono "fue agredido". Devolvió al PP la acusación de mentir y, a la vista del apoyo cerrado que le dio Zapatero al inicio de la sesión, se atrevió a recurrir a un modismo popular de actualidad: "Ya ha oído al presidente del Gobierno. Va a ser que no". Se lo lanzó a la diputada Alicia Sánchez Camacho tras escuchar, por cuarta vez, la exigencia de que dimita.

El Grupo Socialista decidió dar un quiebro a la presión sobre Alonso y las dos últimas preguntas sobre el mismo asunto las respondió su sucesor en la cartera de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno tiene la facultad reglamentaria de elegir quién responde de entre sus miembros. Rubalcaba estuvo contundente: "Lo vi con mis propios ojos", dijo para sostener que Bono fue agredido. No sólo él; lo vieron "millones de españoles", le aseguró Rubalcaba al diputado Javier Fernández-Lasquetty y a su compañera popular, María Salom, a la que rebatió las acusaciones de que Alonso mintió en el Congreso, afeándole que no leyese enteras sus palabras y citas de informes policiales.