Distintos problemas

Javier Pérez Royo, en su artículo del pasado viernes, realizaba algunas reflexiones sobre la puesta en marcha de los proyectos de reforma estatutarios y, en especial, sobre el andaluz. Decía que la dirección del PP, en parte, podía tener razón, pues afirmaba que inicialmente estas reformas interesaban a los dirigentes políticos, pero no respondían a una demanda ciudadana, si bien terminaba afirmando Pérez Royo que hoy ya no es así. Entiendo que su opinión es certera. Andalucía, en los primeros movimientos de la reforma fue silente; como si los nuevos aires de cambio, que anunciaba la clase política, no fueran con ella y, efectivamente, ya no es así.

Se han dado actuaciones que han determinado que del desinterés se pase al interés. Una de ellas ha sido la reforma del Estatuto catalán y, entiendo, que se ha debido a la forma con la que la derecha del PP ha divulgado esta modificación estatutaria. La reforma catalana la ha vendido el PP como una ruptura con el Estado y las manifestaciones de Arenas, y tantos otros, dadas en este sentido al tiempo que se mezclaba confusamente con la andaluza, han invertido la tendencia inicial provocando el deseo, cada más generalizado, de conocer el contenido de estas reformas. Este conocimiento es el mayor problema al que se enfrenta actualmente el PP. El conocimiento se opone a la irracionalidad adhesiva que pretendían estos mensajes de salvapatrias.

Hoy, incluso los más reacios al uso de términos como nacionalidad -entre los que me encontraba- sabemos que nacionalidad es un término acuñado por la Constitución en su artículo 2º; también que está reservado para las comunidades históricas -País Vasco, Cataluña y Galicia-, y también para Andalucía que, teniendo la cultura más profunda del Estado, decidió el 28 de febrero de 1980 formar parte de estas realidades integradas en el Estado. Una integración indiscutible con la Constitución en la mano, que habla de nacionalidades y de nación al tiempo que proclama la unidad nacional.

No caben ya mensajes de ruptura. Pero lo lamentable es que se siguen dando y, aún siendo triste esta realidad, más penoso es que este PP-A y algunos de sus representantes nacionales han desembarcado en Andalucía y han añadido al mensaje el insulto y la ofensa. Ya no es solo ruptura, ahora también califican la reforma andaluza de "cachondeo", "chirigota" o "islamista". Una situación esperpéntica pues se aparta del contenido de las reformas y, aún más absurda, cuando se exige a quiénes no queremos comulgar con estas ruedas de molino que hagamos permanente un acto de fe española, como si solo lo fueran los nuncios de esa dirección del PP.

Mal planteamiento que debe llevar a su fracaso político pues no tiene en cuenta la forma de ser andaluza, que no soporta el desprecio ni el insulto. Realmente el PP-A, de seguir por este camino, tiene un problema ante las próximas elecciones. No obstante, no es el que más me preocupa. Lo que me preocupa es que continúen los mensajes y que no quieran aceptar que la Constitución abre una estructura descentralizada del Estado con el máximo de derechos y obligaciones de las CCAA; que sigan ignorando que la legitimidad en democracia nace del pueblo y que al pueblo lo representa el Parlamento. Tal vez, por estas razones, debería cambiarse la tendencia y dejar de justificar en democracia aquellos actos que surgen del Parlamento autonómico, aprueban las Cámaras del Estado y el Tribunal Constitucional no les pone tacha. Si no es así y seguimos justificando -como exige el PP- lo que no requiere justificación, puesto que es el resultado de la actuación democrática de un pueblo y de una comunidad, el problema es de todos. No del PP. Claro que, a lo mejor, se solucionaba si, en lugar de pasarnos el tiempo proclamando nuestra españolidad, se les exigiera una renovación de votos constitucionales a aquellos que desprecian los resultados democráticos. Después de todo si una vez votaron en contra del texto constitucional y, por tanto, en contra de un Estado democráticamente descentralizado, sus manifestaciones e insultos hacen pensar que algunos no han cambiado. Que siguen exigiendo un Estado diferente al que declara la Constitución.