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La urbanización de la costa

El PP pide la comparecencia de cinco consejeros y una comisión de investigación

Los parlamentarios del PP en Almería y el diputado en el Congreso Rafael Hernando pidieron ayer las dimisiones de "quienes han sido responsables" de permitir la construcción del hotel Algarrobico en Carboneras. Los parlamentarios han pedido la comparecencia de cinco consejeros (Turismo, Salud, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Medio Ambiente) y la constitución de una comisión de investigación. Además, solicitan la demolición "inmediata" de la construcción sin coste alguno para las administraciones.

El diputado afirmó que el proyecto urbanístico fue desarrollado por la Junta en la comisión provincial de Urbanismo porque, en marzo de 1997, el Ejecutivo andaluz le retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras. Añadió que la dirección de Costas, dependiente del Gobierno central, emitió en 1998 un informe en el que comunicaba a la empresa la obligación de respetar seis metros de servidumbre de paso más otros 100 metros de dominio público hasta el mar. "El PP está a favor de que se cumpla la ley y de que no se destruya el dominio público. Y por lo tanto esa zona tiene que ser inmediatamente demolida sin coste alguno para la administración", remachó Hernando.

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"La promoción de ese sector fue a favor de la empresa Río Alías. Y luego, las subvenciones y los permisos que han concedido estaban a nombre de otra empresa [Azata]. ¿Cómo dice la Junta que no sabía que se había producido el cambio de propiedad? ¿Es que acaso no le han ingresado el 0,5% de actos jurídicos documentados que es obligatorio en este tipo de operaciones y que cobra Hacienda de la Junta de Andalucía?", se preguntó Hernando.

El diputado añadió que la Junta tiene también que aclarar si no fue informada por el colegio de notarios de forma regular trimestralmente de todos los traspasos de propiedad que se producen sobre solares en la provincia de Almería.

Por otra parte, este mismo diputado ha pedido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción por la venta de dos parcelas municipales en las que se podrían construir unas 5.000 viviendas más en Carboneras una vez que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

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