Magistrados reacios a la tecnología del siglo XXI

Cuatro magistrados de una sección de la Audiencia de Badajoz, con sede en Mérida, se han opuesto a que los jueces de su demarcación les remitan las actuaciones en soporte DVD y les han exigido, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad, que se las proporcionen mecanografiadas. La Junta de Jueces de Mérida ha enviado una protesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha lavado las manos al no apreciar que el asunto sea "jurisdiccional".

Mientras que el Ministerio de de Justicia se gasta al año unos 35 millones de euros en llevar hasta el último juzgado las nuevas tecnologías, un sector de la judicatura se resiste a prescindir de los voluminosos legajos y de las toneladas de papel que inundan las oficinas judiciales. No quieren saber nada de cámaras ni videograbaciones, ni de reproducción de juicios en soportes audiovisuales, ni discos de DVD. Sólo papel de oficio, mecanografiado a la vieja usanza, con la transcripción de todas las declaraciones: en suma, el querido y voluminoso tocho sumarial.

Frente a ese sector de jueces parece resultar vano el empeño del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de "sacar a la justicia del siglo XIX y llevarla al siglo XXI". De nada sirve la agilidad del fax o el correo electrónico frente al correo ordinario (como se ha constatado con el doloroso episodio de la niña Alba, y que el CGPJ cuestionó: que el juez enviara el oficio por una vía tan lenta como es el correo para que la policía investigara el caso de maltrato) ni la videograbación del juicio frente al acta manuscrita extendida por el secretario judicial.

El último episodio de este sector de irreductibles lo ha protagonizado la Sección Tercera de la Audiencia de Badajoz, que tiene su sede en Mérida. Según fuentes jurídicas, los magistrados de esta sección han exigido reiteradamente a las tres jueces de primera instancia e instrucción y las dos de lo penal de la localidad extremeña que les remitan en papel la transcripción de los juicios -casi todos juicios de faltas o por asuntos de tráfico-, de manera que cuando remiten una grabación les devuelven el soporte y les exigen su transcripción en formato de papel.

Los jueces de instancia de Mérida se han quejado de que además del soporte gráfico, entregan un "acta sucinta" para ilustrar al tribunal, en la que hacen constar el motivo del asunto, quiénes son las partes, las peticiones de condena etcétera, pero que no sirve de nada. El tribunal se lo devuelve con la petición de la transcripción completa de todo el procedimiento.

La queja llegó al CGPJ, cuya Comisión Permanente dictaminó el pasado día 18 que se trata de un asunto jurisdiccional sobre el que que el CGPJ no puede dictar instrucciones de carácter general o particular, según el artículo 12. 3 de la ley orgánica.

El pronunciamiento del Poder Judicial no arregla el problema. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, Julio Márquez de Prado, cree los juicios deben grabarse si se dispone de medios: "La grabación ofrece mayores garantías y no afecta ni limita los derechos de las partes. La ley no lo prohíbe y no sé por qué no se puede grabar un juicio penal. La grabación siempre tendrá mayor fidelidad y ofrece más posibilidades de percibir la realidad".