"La reivindicación del Guadalquivir es irrenunciable"

La reforma del Estatuto andaluz ha llegado a las Cortes Generales tras casi dos años de debate en el Parlamento autónomo. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirma que el proyecto andaluz elimina cualquier posibilidad de agravio entre territorios.

Además, destaca que el trabajo de la gestora de Marbella está dando ya sus frutos con el precinto de un hotel y de más de medio millar de viviendas ilegales.

Pregunta. ¿Cómo se siente tras ser acusado en el Parlamento andaluz de ser antiespañol?

Respuesta. El grado de desconcierto al que ha llegado el PP le lleva a este tipo de descalificaciones. Pero encierra también una razón de fondo y es que todos aquellos que no coinciden con su forma de concebir España son antiespañoles. Esa manera de entender España es la que está en una franca ruptura. España hay que hacerla a medida de todos los españoles y no sólo del PP.

"Algunos sectores, también del PP, parecen querer el fracaso de la gestora de Marbella"

"No va a haber en el Congreso reformas sustanciales sobre lo acordado en Andalucía"

P. Después de 21 meses de trabajo, no ha habido consenso en el Estatuto. ¿Quién es el responsable?

R. Desde el momento en que se inicia el proceso de reforma del Estatuto no ha habido ninguna voluntad política por parte del PP de apoyarlo. Han sido múltiples las declaraciones del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, señalando que la reforma del Estatuto no era necesaria. ¿Cuántas veces habrá dicho que lo que había que cambiar es el Gobierno y no el Estatuto? Eso se ha visto constatado en los últimos días con la decisión del PP nacional de situarse en contra de cualquier reforma estatutaria. No sólo en contra del Estatuto catalán, y ahora del andaluz. Pronostico que van a estar en contra de cualquier reforma estatutaria. Arenas ha señalado que la reforma en Andalucía servía de coartada a Carod Rovira, al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, a Batasuna e incluso a ETA. Y Mayor Oreja añadió que propiciaba "el fenómeno islamista".

P. ¿Ha hecho todo lo posible por sumar al PA y al PP?

R. Todo lo posible y más. Era importante que el PP se sumara al consenso. Era bueno para el Estatuto, para Andalucía e incluso en un ámbito un poco más egoísta, era bueno para el Gobierno y para mí.

P. Pero el PSOE acordó con el PP, en octubre del año pasado, definir como nacionalidad histórica Andalucía. ¿Por qué introdujo luego el término realidad nacional?

R. Sí, hubo una coincidencia en la votación entre PSOE y PP en octubre. Pero nunca ha habido consenso con el PP en relación con el Estatuto. No es el término "realidad nacional" el que ha provocado la ruptura del consenso, porque no existió con carácter previo. Para que el PP se sintiera más tranquilo, les ofrecimos una enmienda que incluyera los términos "unidad de España" en el preámbulo y "unidad de la nación española" en el artículo primero. Pero el PP se negó a aceptar esas enmiendas. De cualquier forma, las volveremos a ofrecer en el Congreso de los Diputados.

P. Adoptaron la formula "realidad nacional" porque pensaban que PA y PP se sumarían al consenso. Al no ser así, ¿por qué no volvieron a "nacionalidad histórica"?

R. Porque no sólo buscábamos el consenso con el PP y el PA. Hemos incluido el término "realidad nacional" porque nos introduce en el terreno de los sentimientos y de los símbolos, que también son importantes para los andaluces. Esta inclusión elimina cualquier sombra de agravio o discriminación. Históricamente, este sentimiento de agravio ha sido consecuencia del abandono por parte del centralismo y del subdesarrollo de muchos años. Ese sentimiento empezó a romperse el 28 de febrero de 1980 (28-F), cuando Andalucía optó por la vía del artículo 151 para acceder a la autonomía y equipararse a las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. La reforma de nuestro Estatuto responde a la necesidad de homologarlo y equipararlo con cualquier otro Estatuto de máximas competencias y máximo autogobierno, para evitar el agravio y la discriminación.

P. Tras la aprobación en la ponencia del texto reformado, el 17 de abril, se produjo una oleada de críticas por parte de los partidos políticos y algunos medios informativos nacionales, algunos procedentes de sectores de la izquierda. ¿Le molestaron esas críticas?

R. Me dolieron por lo que significaron, algunas de ellas, de menosprecio, de burla y de ninguneo hacia Andalucía. No somos más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie.

P. Se dice que el andaluz es prácticamente igual en temas como las competencias o la financiación al Estatuto catalán.

R. Es cierto que hay artículos similares. Pero si uno examina los 17 estatutos vigentes en España encontraremos en todos ellos artículos que son iguales. Y quiero decir también que el sistema de financiación que asume el Estatuto catalán fue una propuesta del presidente de la Junta de Andalucía. Hace tres o cuatro meses se nos acusaba de que nuestro Estatuto no iba a tener el mismo techo competencial y de autogobierno que el de Cataluña y ahora se dice todo lo contrario. Ni una, ni otra. Hemos seguido nuestra propia vía.

P. Han incluido algo que el Congreso ha rechazado del Estatuto catalán: la utilización de la vía del artículo 150.2 para reclamar competencias exclusivas del Estado. ¿Será modificado en Madrid?

R. Será un tema de debate. No estoy en la línea de que vaya a ser anulado. Tendremos que llegar a un acuerdo.

P. La transferencia de la Cuenca del Guadalquivir está dentro de ese paquete de competencias exclusivas del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente rechaza su cesión a la Junta.

R. La reivindicación de la gestión sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir es, no sólo histórica, sino irrenunciable, porque además se constituye como un símbolo de lo que es este Estatuto. Nadie entendería que un río tan simbólico para Andalucía como es el Guadalquivir no pudiera ser gestionado por la Junta. Ante las acusaciones del PP, me pregunto: ¿es que se va a romper España porque Andalucía gestione la cuenca del Guadalquivir? Lógicamente, tenemos que salvaguardar los intereses que otras comunidades puedan tener en la cuenca, como Castilla-La Mancha o Murcia, que son intereses mínimos, pero que hay que tener en cuenta y darles una respuesta.

P. ¿Con esta reforma, Andalucía rompe de nuevo la asimetría de España? ¿Otro café para todos?

R. La frase del café para todos no me ha gustado nunca un pelo, porque devalúa el Estado autonómico. Lo que representó el 28-F es la ruptura de la asimetría y la apertura del camino para que todas las comunidades pudieran tener los mismos derechos y las mismas competencias. Eso se reafirma en este Estatuto. No es posible crear una situación en la que haya comunidades que por razones históricas, culturales o de lengua tengan más derechos y competencias que otros.

P. España está sacudida por una oleada de reformas. ¿Son buenas y necesarias?

R. El PSOE en España y en Andalucía es un partido reformista. Sus reformas están incluidas en el programa electoral. La reforma del Estado autonómico y en Andalucía la del Estatuto son compromisos electorales. La modernización del Estado de las Autonomías supone un gran esfuerzo político, como lo es también la ampliación de los derechos civiles. Y siempre que se emprenden reformas sucede algo parecido: nos encontramos con la incomprensión de algunos sectores y en especial de la derecha. No sólo con la reforma del Estatuto. Ha habido incomprensión con la ley del divorcio, la despenalización del aborto, incluso sobre la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, sobre la ley de matrimonios homosexuales o la ley de Igualdad. Hay que mirarlo con perspectiva histórica: tras el ruido, quedará constatado el avance de España y, sin quitarle mérito a ningún partido y a ningún Gobierno, tengo muy claro que los grandes avances de la España democrática han estado siempre ligados a etapas de Gobiernos socialistas.

P. Si las actuales reformas estatutarias salen bien, quedaría sólo el problema de ETA.

R. ETA es el tema que más preocupa a la ciudadanía española porque está vinculado no sólo al tema de la violencia, que es de por sí un problema de mucha envergadura, sino también porque afecta a la estructura del Estado. Va a ser un proceso largo, duro, lleno de dificultades, pero nunca se han presentado tan buenas condiciones como ahora para afrontar el fin de la violencia en España.

P. ¿Quiénes son los responsables de que Marbella haya llegado al punto actual? ¿Los partidos, la Junta, la Justicia?

R. Lo primero que quiero destacar es que ha sido durante el mandato de Rodríguez Zapatero cuando ha habido una intervención de las fuerzas de seguridad que ha puesto de manifiesto la corrupción que había en ese Ayuntamiento, que ha detenido a concejales, incluida la alcaldesa, y que ha procedido a la disolución del Ayuntamiento. No ha tenido lugar durante los ocho años de gobierno del PP. En segundo lugar, lo ocurrido en Marbella es responsabilidad exclusiva de los gestores del Ayuntamiento.

P. ¿La Junta actuó con diligencia?

R. Las únicas armas que teníamos en nuestras manos era la vía judicial. Hemos planteado más de 400 requerimientos judiciales ante decisiones del Ayuntamiento. Además, hicimos una ley para retirar las competencias urbanísticas. No hemos estado pasivos, no hemos mirado hacia otro lado.

P. La gestora nombrada para Marbella ha nacido con problemas: uno de los vocales del PP, Salvador Guerrero, defensor de uno de los concejales imputados, ha tenido que dimitir. Pero otro propuesto por el PSOE, Rafael Duarte, quien asesoró al alcalde de Manilva, detenido por presunto cohecho, sigue en el cargo. ¿Debe dimitir Duarte?

R. Las causas y las situaciones son totalmente diferentes: no hay ilegalidad, no hay incompatibilidad, no hay indicios de corrupción en la actitud de Duarte.

P. Duarte comunicó previamente al PSOE que había trabajado, entre otros municipios, en Manilva. ¿Si no había nada irregular, por qué el PSOE de Málaga lo ocultó?

R. No lo sé. La actividad del señor Duarte es normal, legal y absolutamente respetable. No hemos encontrado nada que ponga en entredicho su honestidad.

P. Las críticas hacia la gestora han sido duras.

R. Me preocupa que no se dé un margen de confianza a la gestora. No quiero acusar a nadie, pero hay una actitud de algunos sectores, y también del PP, que parecen querer el fracaso de la gestora. Pero es el único instrumento que tenemos para resolver los problemas antes de las elecciones municipales. En cuatro días, han precintado un hotel y más de medio millar de viviendas que estaban en situación de ilegalidad.