Chaves apoya al vocal de Marbella que asesoró a un alcalde procesado por prevaricación

El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, defendió ayer la presencia del vocal Rafael Duarte en la gestora que gobierna Marbella (Málaga) tras la disolución del Ayuntamiento. Chaves aseguró que "ni hay ilegalidad ni incompatibilidad ni indicio de corrupción" en el hecho de que Duarte, abogado experto en urbanismo, asesorara al Ayuntamiento de Manilva, cuyo ex alcalde Pedro Tirado está imputado en el caso Ballena Blanca por prevaricación y cohecho.

En una entrevista en la Cadena SER, el presidente andaluz reconoció que la continuidad de Duarte -nombrado por el PSOE para ocupar el área de Urbanismo municipal- ha generado polémica. Sin embargo, Chaves subrayó: "Si hubiera un indicio de ilegalidad en la actitud o una razón de incompatibilidad entre su profesión y formar parte de la Comisión Gestora o un indicio de corrupción, yo sería el primero que pediría la dimisión".

Chaves distinguió entre el caso de Duarte y el de Salvador Guerrero, abogado nombrado por el PP para ocupar el área de Hacienda y que dimitió después de hacerse público que el bufete que dirige ejerce la defensa de dos imputados en el caso Malaya, que desembocó en la disolución del Consistorio por el Consejo de Ministros. El presidente nacional del PSOE opinó que "podía haber un conflicto de intereses" entre la actividad profesional del este vocal y su posición dentro de la Comisión Gestora.

La presión informativa a la que se han visto sometidos los 16 integrantes de la gestora marbellí en su primera semana de trabajo preocupa a Manuel Chaves, que se declaró partidario de dar un "margen de confianza" a los gestores y pidió a los partidos que les "dejen trabajar".

Derribo de casas ilegales

En referencia a la ordenación urbanística de Marbella, que cuenta con 30.000 viviendas ilegales, el presidente andaluz fue contundente: "Todas aquellas edificaciones que se han levantado sin licencia o con licencias ilegales, y siempre que haya una resolución de los tribunales de justicia, no quedará más remedio que demolerlas, ya que, seguramente, serán edificaciones que se han levantado en zonas de equipamientos o zonas verdes".

Por su parte, el presidente de la gestora que dirigirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de mayo de 2007, Diego Martín Reyes, aseguró que el órgano de gobierno provisional anulará los actos administrativos adoptados en anteriores etapas que sean ilícitos o que perjudiquen al interés público.

El presidente de la gestora asegura que se siente "engañado" por los partidos políticos. "Creí de buena fe que la política se iba a quedar a las puertas del Ayuntamiento. Parece que el interés partidario se ha puesto por encima del interés que debe presidir Marbella", dijo Martín Reyes al diario Málaga Hoy.