China ratifica el convenio de extradición con España

La Asamblea Popular Nacional china, máximo órgano legislativo de ese país, ratificó ayer en Pekín el Tratado de Extradición firmado por los Ejecutivos chino y español en Madrid en noviembre del año pasado. La ratificación convierte a España en el primer país de la UE en cerrar un convenio en materia de extradición con China.

En virtud del acuerdo, ambos países se comprometen en concederse la extradición de personas reclamadas para su enjuiciamiento o para la imposición o cumplimiento de una condena del Estado requirente. Sin embargo, el compromiso no concierne, entre otros, a los delitos por los que está prevista la pena de muerte, a menos que el país requirente ofrezca garantías, consideradas suficientes por el otro, de que la pena no se impondrá. También quedan excluidos del compromiso general los delitos políticos (no se consideran tales los actos de terrorismo) y aquéllos por los que son previstas penas inhumanas.

Cambio de estrategia

El Tratado -que el Gobierno chino definió en su sitio Internet como "sin precedentes"- marca "el principal cambio de estrategia chino en la lucha para llevar a los funcionarios corruptos huidos al exterior ante la jurisdicción competente", según dijo Xu Hong, jefe de la delegación china durante la negociación del acuerdo y consejero de Tratados y Ley del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Hong ve en el acuerdo la clave para que China pueda "tejer una red global de convenios de extradiciones". Desde 1993, China ha firmado acuerdos en esta materia con 20 países, prácticamente todos ellos en vías de desarrollo. La cuestión de la pena de muerte -aplicada en China incluso para los delitos económicos más graves- representaba un obstáculo para cerrar acuerdos con los países occidentales. La formula del Tratado ratificado permite superarlo.

Un informe elaborado por el Ministerio de Comercio chino en 2004 estimaba que unos 4.000 funcionarios corruptos habían huido de China desde el lanzamiento de las reformas económicas a finales de los años 70. Los fondos sustraídos alcanzarían, según ese estudio, los 40.000 millones de euros.

El Parlamento español aún debe ratificar el acuerdo. La Comisión de Asuntos Exteriores acordó, el pasado 5 de abril, proponer al Pleno de la Cámara que conceda la autorización solicitada por el Gobierno.